Cientos de postales dirigidas a García-Page exigen el acceso al aborto en la sanidad pública de Castilla-La Mancha

TOLEDO 2 Mar. –

Organizaciones sindicales, feministas y de defensa de los derechos humanos de Castilla-La Mancha han dirigido 275 postales firmadas por ciudadanía de la región al presidente de la Junta, Emiliano García-Page, con el lema ‘Exijo que todas las administraciones garanticen el derecho al aborto en la sanidad pública, en las mejores condiciones de proximidad al domicilio, sin intimidación ni acoso’.

Las postales por el derecho al aborto expresan la preocupación de las organizaciones sociales y de ciudadanas y ciudadanos de Castilla-La Mancha ante el incumplimiento, por parte del gobierno regional, de su obligación de garantizar el acceso al derecho a la interrupción voluntaria de embarazo en la sanidad pública, ha informado Amnistía Internacional en nota de prensa.

La firma y presentación de postales da continuidad a las acciones impulsadas por diversas organizaciones –entre ellas colectivos como Ágora Feminista de Albacete, el sindicato CCOO y Amnistía Internacional– en torno al incumplimiento de este derecho.

Entre dichas acciones destacan las concentraciones celebradas durante los últimos dos años en las capitales de provincia, en el marco del Día Internacional por el Aborto Legal y Seguro.

Las organziaciones señalan que cada año más del 60% de las mujeres de Castilla-La Mancha que quieren abortar tienen que desplazarse a otras comunidades autónomas para ejercer su derecho al aborto. «De los 47.239 abortos practicados a usuarias del Sistema Nacional de Salud de Castilla-La Mancha entre 2010 y 2023, tan solo 18.895 lo fueron en la región».

Asimismo, apuntan que el 99,94% de los abortos se realiza en clínicas privadas/concertadas (tan solo 30 interrupciones voluntarias del embarazo en 14 años en centros públicos), lo que evidencia un patrón de objeción de conciencia que en ningún caso puede ser institucional. «La negativa a practicar abortos debe ser individual, nunca colectiva ni de los centros».

Según indican, la Junta no ha informado de cómo se está implantando el registro de objetores ni de cómo se van a organizar los servicios públicos para asegurar el derecho al aborto, como obliga el artículo 19 bis 2 de la Ley 1/2023. «La ley establece claramente que el acceso o la calidad asistencial de la prestación no se verán afectados por el ejercicio individual del derecho a la objeción de conciencia».

«A estos efectos, los servicios públicos se organizarán siempre de forma que se garantice el personal sanitario necesario para el acceso efectivo y oportuno a la interrupción voluntaria del embarazo», apuntan.

Asimismo, señalan que la información pública sobre la interrupción voluntaria del embarazo «se reduce» al teléfono Salud Responde, «lo cual resulta insuficiente», por lo que dicen que hay «falta información accesible (protocolos, folletos, web) y queda a la voluntad de cada profesional informar y cómo hacerlo».

«No hay una acción suficiente frente al acoso y hostigamiento que sufren mujeres y profesionales por parte de grupos antielección que coaccionan a las mujeres con fotografías de fetos en la puerta de las clínicas con el objetivo de que las mujeres cambien su decisión, pese a que la Junta debería instar a las autoridades competentes a actuar», argumentan.

Los colectivos sociales se dirigieron a Presidencia de la Junta para concertar la entrega de postales, pero no recibieron respuesta. Asimismo, durante los últimos años han solicitad varias reuniones con el Consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, y la Consejera de Igualdad, Asara Simón, sin que éstas solicitudes hayan sido atendidas.