La regularización extraordinaria de migrantes acaba este martes entre exigencias de entidades para ampliar plazos

MADRID/TOLEDO 29 Jun. –

El plazo de presentación de solicitudes a la regularización extraordinaria de migrantes concluye este martes 30 de junio, tras más de dos meses desde que el Ejecutivo impulsó el proceso y con la presión de entidades y colectivos para ampliar el plazo.

Según los últimos datos confirmados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, del 15 de junio, las solicitudes presentadas superan las 900.000 peticiones desde que se abrió el proceso el pasado 16 de abril. El Gobierno prevé que se beneficien aproximadamente medio millón de personas.

No obstante, estas mismas fuentes explicaron recientemente a Europa Press que estos datos están «todavía pendiente de filtrado» y advirtieron de que, tal y como ocurrió en la regularización de la dana de Valencia, «pueden existir duplicidades y factores que influyan provisionalmente en los datos iniciales».

«El proceso se está desarrollando con total normalidad. Tras su minuciosa revisión caso por caso, se están remitiendo ya autorizaciones provisionales a todos los puntos de España», destacaron.

Ante el temor de que existan personas que puedan quedarse fuera por falta de tiempo para presentar su documentación, el movimiento ‘Regularización Ya’ llevó al Congreso el 10 de junio una proposición no de ley para ampliar el plazo del procedimiento, con el respaldo de Podemos, Sumar, EH Bildu, ERC y BNG.

«La fecha del 30 de junio es una fecha arbitraria. Sabemos que el Gobierno está diciendo que no puede extenderlo pero sabemos que si hay voluntad política esto se puede llevar adelante», subrayó en declaraciones a medios frente a la Cámara Baja una de las portavoces de ‘Regularización Ya’, Victoria Columba.

Precisamente, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, hizo suya esta semana en el Pleno del Congreso la reclamación del movimiento ‘Regularización Ya’ y afeó a la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, que no sea flexible con los tiempos.

«Si la Administración Pública tenía 15 días para admitir a trámite los expedientes, y sabe perfectamente que ese plazo no se está cumpliendo ni de lejos, ¿por qué no le dan más tiempo a las personas que no tienen capacidad material de reunir todos los papeles necesarios?», preguntó durante la sesión de control al Gobierno.

Por su parte, Saiz calificó de «éxito de país» el proceso, que «culminará con el afloramiento de empleo, con derechos y obligaciones para las personas migrantes y con el refuerzo del mercado de trabajo».

SAIZ: «HABRÁ OCASIÓN DE HACER BALANCE»

No obstante, añadió que «no es un punto y final» y que, en los próximos años, van «a continuar modernizando la política migratoria con determinación y con evidencias». «Seguiremos ampliando la protección social y robusteciendo nuestro sistema público de pensiones, porque proteger a las personas permite que el crecimiento económico que se ha alcanzado en este Gobierno sea sostenible y beneficie al conjunto de la sociedad», explicó, al mismo tiempo que añadió que habrá «ocasión de hacer balance» de la regularización.

Mientras, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) fijó el pasado lunes 15 de junio en un millón las solicitudes a la regularización, aunque también avisó de la posibilidad de duplicidades.

«El proceso de regularización, según las últimas noticias que tenemos, están ya dando como solicitudes presentadas alrededor del millón. Seguramente, en ese millón va a haber bastantes duplicados porque la gente ha presentado por distintas vías, pero, en cualquier caso, todavía faltan dos semanas para que finalice el proceso y ya están hablando de un millón», aseguró la directora general de CEAR, Mónica López, en la rueda de prensa de presentación del informe anual de la entidad, con datos del 2025.

300.000 ADMITIDAS A TRÁMITE

En este sentido, López señaló que, según datos con los que cuenta CEAR, hay admitidas a trámite «unas 300.000», es decir, un 30% de las solicitudes presentadas. Además, dijo que hay «retraso» en la admisión a trámite de las solicitudes. «Los 15 días de los que se hablaron en un primer momento, en la mayoría de los casos no se están cumpliendo», apuntó.

De la misma manera, la directora general de la entidad avisó de que el número final de solicitudes podría superar las cifras actuales, puesto que hay personas que tienen dificultades para obtener y legalizar la documentación exigida por las autoridades españolas.

«Probablemente serán más», destacó, al mismo tiempo que detalló que, en los últimos días del plazo, podría producirse un nuevo repunte de solicitudes, especialmente entre personas procedentes de países donde la obtención y legalización de documentos resulta más lenta y compleja.

Igualmente, reclamó flexibilidad en caso de que los retrasos burocráticos impidan a algunas personas completar su expediente dentro del plazo establecido. En ese escenario, planteó la posibilidad de ampliar los plazos o adoptar medidas extraordinarias que permitan garantizar el acceso efectivo a la regularización.