La reforma de la Ley de Urbanismo y Vivienda pasará «próximamente» por las Cortes castellanomanchegas

TOLEDO 12 Sep. –

El Gobierno regional ha compartido con la Federación Regional de Empresas Constructoras de Castilla-La Mancha (Fereco) la Proposición de ley de medidas urgentes para la movilización de suelo, de la vivienda y la simplificación urbanística de Castilla-La Mancha que próximamente llegará a las Cortes regionales.

El consejero de Fomento, Nacho Hernando, se ha reunido, junto con la directora general de Vivienda, Salu García Alfaro, con los representantes de la Federación Regional de Empresas Constructoras de Castilla-La Mancha (Fereco), con los que ha compartido esta reforma que ha tildado como «la más ambiciosa de los últimos años en materia de vivienda y urbanismo en Castilla-La Mancha».

De esta manera, Hernando ha explicado a la Federación las principales medidas que comprende esta proposición legislativa, que afectan a ámbitos como la Ley de Vivienda Protegida, el régimen jurídico de las viviendas financiadas con fondos públicos, el Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística (TRLOTAU), el Reglamento de Planeamiento y la instrucción reguladora de actuaciones en suelo rústico.

En este sentido, Hernando ha destacado que «se trata de una proposición legislativa de gran calado, que modifica simultáneamente varios instrumentos normativos esenciales para la política de vivienda y urbanismo en la región con un doble objetivo: por un lado, incrementar la disponibilidad de vivienda protegida y pública mediante la movilización de suelo y patrimonio público; y, por otro, reducir obstáculos administrativos y urbanísticos que actualmente ralentizan la puesta en marcha de promociones residenciales, especialmente en municipios con que afrontan el reto demográfico».

Asimismo, el responsable de Fomento ha asegurado que «más allá de las modificaciones técnicas, la reforma supone un cambio de enfoque en la intervención pública sobre el mercado de vivienda, reforzando la capacidad de actuación de la Junta mediante nuevos instrumentos urbanísticos y excepciones al régimen ordinario de planeamiento».