La Ley de Vivienda queda lista para debatir en pleno tras aprobarse 13 enmiendas del PSOE y rechazarse 108 de PP y Vox

PSOE lamenta que PP proponga rebaja de impuestos a fondos buitre y promueva desahucios y ‘populares’ lamentan dudas jurídicas del texto

La Ley de medidas urgentes para la movilización de suelo, vivienda y simplificación urbanística de Castilla-La Mancha ha quedado lista para ir al pleno de las Cortes regionales, tras aprobarse las 13 enmiendas de los socialistas y rechazarse las 50 enmiendas de Vox. Las 58 del PP han quedado también rechazadas.

Ha quedado aprobado el dictamen de la Comisión sobre la Proposición de Ley y el ponente para la defensa del mismo ante el pleno será el diputado del PSOE, Álvaro Toconar.

La norma propone que se pueda construir vivienda de protección pública en inmuebles en desuso de la Junta «sin tener que cambiar el plenamiento y en zonas rurales, con un plan especial, cambiar de suelo rústico a suelo urbanizable», ha señalado Toconar.

Plantea también ayudas a empresas y a promotores para que puedan construir más viviendas de protección pública, tras el incremento de precios de la construcción «en los últimos cuatro años en un 40 por ciento».

Además, propone que en una superficie donde se han superado la evaluación ambiental «se pueda construir más», permitiendo que los ayuntamientos puedan licitar suelo público para la construcción de viviendas sujetas a algún tipo de protección pública a un 50% del precio de lo que marca el mercado.

Contempla la norma «que la Junta pueda conceder ayudas en especie» para «ayudar a los municipios de manera directa a redactar su propio planeamiento».

PSOE: ENMIENDA TOTALIDAD DEL PP

Toconar ha criticado que las enmiendas del PP buscan hacer «una enmienda a la totalidad por la puerta de atrás» para «vaciar la ley de contenido» con tres propuestas: «bajar los impuestos a los fondos buitre, agilizar desahucios en el parque de vivienda social de la Junta y otra, añadir más burocracia, más sobrecarga de trabajo a los ayuntamiento».

El diputado socialista ha enumerado numerosas «enmiendas del PP que dicen una cosa por un lado y enmiendas que dicen la contraria por otro».

PP: «SERIAS DUDAS JURÍDICAS»

De su lado, el diputado del PP Nacho Redondo ha avisado que tras contrastar el texto jurídicamente y revisar cómo encaja en la legislación estatal y autonómica, «hay varios puntos que chocan con la legislación básica del Estado y otros que plantean serias dudas de seguridad jurídica».

«No trato de venir aquí a decir que la ley es nula, sino que hay aspectos de esta proposición que si no se corrigen podrán acabar discutiéndose en los tribunales».

Ha criticado que las enmiendas del PSOE tratan de «aumentar la edificabilidad y densidad, cambiar usos urbanísticos o reducir trámites de información pública a 10 días cuando el mínimo estatal es de 20 días».

Los socialistas, según el PP, proponen «reservas de vivienda protegida que no quedan suficientemente garantizadas», venta de viviendas del parque público y cambios sobre suelos dotacionales «que pueden terminar imponiéndose al planteamiento municipal». .

«Cuando se nos pide rapidez en esto que se llama ley de medidas urgentes. ¿De qué sirve correr tanto para aprobar una ley si después de una licencia, de un plan, de una actuación puede acabar pues años en un juzgado?», ha criticado Redondo.

PROPUESTAS DEL PP

Los ‘populares’ plantean que entre las causas de resolución administrativa del contrato de arrendamiento o cesión de uso de las viviendas públicas se pueda producir en las viviendas adjudicadas para atender una necesidad de carácter temporal expresamente identificada o si hay una «desaparición sobrevenida y acreditada de la circunstancia que la justificó».

El diputado del PP Nacho Redondo ha defendido que la adjudicación de viviendas en el parque público de vivienda pueda haber una rotación y no sea automática, permitiendo recuperar una vivienda adjudicada para atender una necesidad temporal.

Además, el PP plantea una reducción del tipo general de transmisiones patrimoniales onerosas aplicable a los inmuebles sustituyendo el gravamen del 9 por ciento hasta el 6 por ciento.

El PP propone que sea voluntario el depósito de la fianza del alquilante de viviendas de la Junta y que la reserva de vivienda protegida se determine motivadamente, respetando los mínimos establecidos por la legislación estatal de suelo.

Aboga por que la ampliación de la edificabilidad o densidad en una actuación privada requiera un estudio económico financiero y un estudio de los efectos ambientales, paisajísticos y sobre el patrimonio cultural.

En sus propuestas, el PP defiende que la viabilidad económica puede justificar flexibilidad a nivel urbanístico, «pero no puede justificar cualquier cosa».

VOX: DE PROPIETARIOS A PRECARIOS

Por su parte, el diputado de Vox Francisco Cobo ha señalado que España ha pasado «de ser un país de propietarios a uno de precarios, sin casa, y sin acceso a ningún tipo de recurso habitacional».

«De la vivienda de protección oficial a la protección oficial de la ocupación. De las grúas a los solares. De la estabilidad de las familias a una generación caracol que va con la habitación que puede permitirse, y en el mejor de los casos, con la casa a cuestas, sin poder echar raíces en ningún sitio. Del trabajo, casa y coche, hemos pasado al paro y carril bici», ha manifestado Cobo.

Entre sus propuestas, Vox proponía que en el Registro de Demandantes de Vivienda, para la aplicación de los criterios de baremación, se abogue por «el arraigo real y prolongado con Castilla-La Mancha y con España, basado en el empadronamiento histórico, exigiéndose un mínimo de cinco años de empadronamiento histórico en España para el acceso a viviendas en régimen de alquiler y de diez años para el acceso a viviendas en régimen de compra».

Además, abogaba por aprobar periódicamente un plan de inspección y control del Patrimonio Público Residencial y del parque público de vivienda social o que la Junta garantice la información, asistencia y asesoramiento jurídico a los propietarios de viviendas afectados por situaciones de ocupación ilegal.