Justicia acuerda con CCAA que la última fase de implantación de los tribunales de instancia comience el 31 de diciembre

Confirma que las oficinas judiciales entrarán en funcionamiento ese día, salvo en Oviedo, Gijón y Avilés

El Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes ha acordado «por unanimidad» con las comunidades autónomas que la tercera y última fase del proceso de implementación de los tribunales de instancia comience el próximo 31 de diciembre, como estaba previsto.

Así lo ha comunicado el departamento encabezado por Félix Bolaños en una nota de prensa tras la Conferencia Sectorial de Justicia celebrada este lunes de manera telemática y que, según el Ministerio, «se ha desarrollado en un clima de cordialidad».

Esta última fase, tal y como detalla la nota, implica la entrada en vigor de 100 tribunales de instancia «en los grandes partidos judiciales» de España, como Barcelona, Madrid, Palma o Zaragoza.

No obstante, el Ministerio y las comunidades autónomas han acordado «también por unanimidad», según Justicia, «dotar de cierta flexibilidad a todos los partidos judiciales de tal manera que la entrada en funcionamiento de los equipos que lo requieran se realizará de forma progresiva en función de las necesidades organizativas y de cargas de trabajo».

Cabe recordar que el Ministerio avanzó el pasado 12 de diciembre, cuando convocó esta Conferencia Sectorial», que «apoyará» a las comunidades con la competencia transferida si «solicitan una prórroga breve para culminar la tercera fase» de la implementación de los tribunales de instancia.

Asimismo, las partes han acordado este lunes que las oficinas judiciales, «que darán apoyo técnico a los tribunales de instancia de las grandes ciudades», según el Ministerio, también entrarán en funcionamiento el 31 de diciembre, excepto en las ciudades asturianas de Oviedo, Gijón y Avilés, que lo harán el 15 de febrero, «con el fin de permitir a estos partidos judiciales llevar a cabo los últimos ajustes técnicos».

La constitución de los tribunales de instancia se enmarca dentro de la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, que entró en vigor el pasado mes de abril.

Desde ese momento, según ha señalado el Ministerio en la nota de prensa, más de 300 tribunales de instancia ya han entrado en funcionamiento «sin incidencias destacables».

Y ha explicado que, según los datos facilitados por los Secretarios de Gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia, queda constatada «una agilización» en la ejecución de sentencias: «En Andalucía la reducción de las ejecuciones pendientes de admisión alcanza el 69%, en Castilla-La Mancha el 55%, en Cataluña y Comunidad Valenciana el 27% y en la Región de Murcia el 15%. La media de las comunidades estudiadas es del 30».

«En cuanto a la financiación, el Ministerio ha realizado una inversión que supera los 325 millones de euros, procedentes de fondos europeos, en las 12 comunidades con la competencia de Justicia transferida», ha precisado Justicia.