Juan Manuel Fernández defiende que en la Audiencia Nacional, «como en ningún tribunal español», no se hace «política»

TOLEDO 4 Nov. –

El presidente de la Audiencia Nacional, Juan Manuel Fernández, ha admitido este miécoles que los asuntos llevados por el tribunal que preside tienen una «trascendencia» y ello origina «una crítica» y se «habla de politización», pero en la Audiencia Nacional, «como en ningún tribunal español», ha defendido Fernández, «no se hace política».

«Nosotros investigamos hechos, juzgamos conductas, pero bajo la única vinculación que tenemos, que es la Constitución y la ley, sin atender a ningún otro tipo de influencia», ha querido dejar claro el presidente de la Audiencia Nacional antes de impartir la ponencia ‘La audiencia nacional, garante del Estado de derecho’, en el marco del XIII foro de economía de Castilla La Mancha organizado por la Asociación de la Empresa Familiar de Castilla-La Mancha (Aefclm).

En vísperas del 50 aniversario de la creación de la Audiencia Nacional, que se celebra en el próximo año 2027, ha apuntado que «las críticas al Poder Judicial son legítimas siempre y cuando se centren en el contenido de la sentencia».

«Las críticas hechas por responsables políticos cuando trascienden ese marco y van a terrenos, digamos, extra jurisdiccionales invocando razones espurias como ideológicas o de querer producir un cambio político. Todo esto acuñado en ese termino novedoso de ‘lawfare’. Cuando estas críticas son hechas por responsables políticas carecen de esa legitimidad», ha abundado.

«El poder judicial que se configura además en la Constitución de 1978, es un poder judicial que debe ser independiente y lo es realmente. A lo largo de estos años hemos dado muestras de ello, y todo esto además en un sistema de plenas garantías constitucionales y procesales», ha apuntado Fernández.

Por lo tanto, ha reiterado «esa independencia». «No tenemos otra sujeción que la Constitución –que es de la que deriva nuestra legitimidad democrática– y no actuamos nunca movidos por ninguna otra influencia político-partidista, económica o social».

«Nuestro deber es ser firmes en la defensa del Estado de Derecho, contribuir a que la vida de los españoles sea mejor, más pacífica y a eso nos dedicamos, conscientes de este rol constitucional que llevamos a cabo», ha finalizado.