Inspectores de Hacienda llaman a «refundar» la Agencia Tributaria y piden más medios contra la corrupción

Plantean un plan de inspección de representantes y partidos políticos y el refuerzo de Fiscalía Anticorrupción con inspectores y técnicos

La Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) ha planteado refundar la Agencia Tributaria ante «la peor crisis de su historia», con un Estatuto que garantice su independencia, una dirección estable y sometida a control parlamentario, medios suficientes, un nuevo modelo de control centrado en el fraude más grave y más instrumentos para combatir la corrupción.

Con motivo de su XXXVI Congreso, celebrado en Toledo, la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado ha presentado un diagnóstico de la situación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) y un conjunto de propuestas para su refundación.

«La Agencia Tributaria atraviesa la peor crisis de su historia y existe un riesgo real de que deje de existir tal y como hoy la conocemos», ha sentenciado la asociación en el documento publicado este mismo viernes.

Además, en un encuentro con los medios de comunicación, el portavoz de la asociación, José María Peláez, ha lamentado que la Agencia Tributaria ha perdido independencia frente al poder político, ya que a lo largo de los años se han sucedido episodios de utilización política del organismo.

Lo más reciente, según han denunciado en el texto, es que el Gobierno de Pedro Sánchez ha intentado implantar nuevos sistemas de selección de funcionarios basados en criterios subjetivos y ha provocado una situación de riesgo de fragmentación derivado de su posición en relación con Cataluña.

Más concretamente, los inspectores de Hacienda ha alertado de las consecuencias que tendría esa fragmentación para la gestión de los impuestos, para la lucha contra el fraude y para las prestaciones sociales que hoy gestiona la AEAT en todo el territorio, como las deducciones anticipadas a madres trabajadoras y familias numerosas.

Frente a la fragmentación, IHE ha propuesto un Consejo Asesor de la Agencia Tributaria en el que participen todas las Administraciones que comparten los ingresos que recauda la Agencia.

En cuanto a las oposiciones, IHE reconoce la necesidad de modernizar el proceso selectivo (acortar plazos, revisar temarios, mejorar la formación) y ha presentado propuestas en este sentido, pero no aceptará en ningún caso una rebaja del nivel de exigencia de las pruebas, algo que desde el Ministerio de Hacienda también han defendido en los últimos días. «Nos ha salvado la campana de la convocatoria electoral», ha sostenido Peláez.

Según los inspectores, a esta pérdida de «prestigio» se suman problemas internos: el agotamiento del sistema de objetivos, la ineficacia de determinadas actuaciones contra el fraude y la creciente conflictividad laboral.

CÓMO SE DESMORONA LA IMAGEN DE LA AGENCIA TRIBUTARIA

En su documento, los inspectores han indicado que, desde su puesta en funcionamiento en 1992, la Agencia Tributaria ha superado numerosas crisis y ha alcanzado un nivel de excelencia reconocido dentro y fuera de España.

Sin embargo, han alertado de que el objetivo fundacional de su independencia ha ido perdiendo fuerza con el paso de los años. Su autonomía, esencial para el sostenimiento del Estado del bienestar, se ha visto comprometida en ámbitos como la política de recursos humanos, y la imposición de determinadas líneas de comunicación, que en muchas ocasiones se ha traducido en la falta de respuesta ante ataques concretos, ha deteriorado su imagen.

«La imagen de la AEAT se desmorona cuando los ciudadanos sospechan que no es igual de exigente con los más ricos y poderosos que con el resto», han señalado los inspectores.

Así ocurrió recientemente, según han relatado, cuando la directora de la AEAT, ya cesada, respondió ante una comisión de investigación del Senado que la falta de comprobación tributaria de un investigado del entorno de un expresidente del Gobierno, que no había presentado sus declaraciones del IRPF durante varios ejercicios, se debió a un «error inexplicable».

IHE está convencida de que lo sucedido tiene una explicación técnica, pero considera que se impuso a la Dirección de la AEAT la decisión de no ofrecerla, lo que ha provocado uno de los daños reputacionales más graves de su historia.

Además, la asociación ha recordado cuando se atribuyeron por error inmuebles a la infanta Cristina, fue IHE, y no la AEAT, quien explicó públicamente que se debía a errores técnicos en las fuentes de información.

Los inspectores también han llamado la atención a que, más recientemente, un despacho profesional extranjero –Amsterdam & Partners– ha llegado a calificar a los inspectores de «mafia», «extorsionadores» o «secuestradores» sin que la Agencia haya dado una respuesta contundente, ni mediática ni judicial, en defensa de sus funcionarios.

UN DEPARTAMENTO DE CONTROL TRIBUTARIO Y ADUANERO

Los inspectores han explicado que todos los planes de la AEAT en los últimos años han tenido como objetivo prioritario fomentar el cumplimiento voluntario mediante actuaciones preventivas. Esta orientación ha reforzado el área de Gestión, mientras que la Inspección mantiene un modelo de comprobación anclado en el pasado.

IHE ha propuesto trasladar a toda la Agencia Tributaria el modelo que ya funciona en la Delegación Central de Grandes Contribuyentes: un único Departamento de Control que integre las facultades de comprobación que hoy se reparten entre Gestión, Inspección y Aduanas.

OFICINA NACIONAL ANTIFRAUDE Y POLICÍA FISCAL

Además, la asociación ha planteado crear una Oficina Nacional Antifraude (ONAF) que aborde de forma conjunta el fraude fiscal organizado, el contrabando y el blanqueo de capitales asociado, y que centralice el auxilio a jueces y fiscales en estos procesos.

De ella dependería una policía fiscal, creada a partir de las unidades operativas del Servicio de Vigilancia Aduanera y con carácter de policía judicial para la investigación de delitos fiscales, de contrabando y otros de índole económica.

UN SISTEMA DE «MUERTE CIVIL» PARA DEFRAUDADORES

Además, la asociación ha planteado impulsar actuaciones sin identificación previa; un régimen especial en la Ley General Tributaria para los defraudadores y un registro especial y un sistema de «muerte civil» para estos defraudadores, que suponga la revocación del NIF, cierre registral de sociedades y publicidad del registro.

También han pedido más instrumentos contra la corrupción, a través de un plan especial y permanente de inspección de representantes y partidos políticos; seguimiento patrimonial de los condenados por corrupción; acceso de la AEAT a los registros de bienes de las entidades locales y a las declaraciones de bienes de los diputados; tipificación como delito del falseamiento de esas declaraciones, y refuerzo de la Fiscalía Anticorrupción con inspectores y técnicos.

DESVINCULAR AL SECRETARIO DE ESTADO DE HACIENDA DE LA AGENCIA TRIBUTARIA

En cuanto al organigrama interno, los inspectores han lamentado que la Agencia Tributaria tiene una «dirección bicéfala»: la Presidencia corresponde al secretario de Estado de Hacienda, que concentra las funciones más relevantes, mientras que la Dirección General solo tiene funciones ejecutivas.

Por ello, han planteado que se desvincule al secretario de Estado de Hacienda de la Agencia Tributaria y que el director general sea nombrado por las Cortes Generales por mayoría cualificada, con un mandato de cinco años renovable una sola vez y causas de cese tasadas. También han propuesto que rinda cuentas anualmente ante las Cortes y que se reduzca drásticamente la libre designación.