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Publicado 3 Apr 2025 12:44

TOLEDO 3 Abr. –

El portavoz de Izquierda Unida-Podemos en el Ayuntamiento de Toledo, Txema Fernández, propone la paralización de la licitación del contrato de Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) tras comprobar que 5 de las 7 empresas que concurren al mismo cuentan con denuncias en la jurisdicción laboral por incumplir sus obligaciones con las plantillas que trabajan para ellas.

Fernández advierte ante esta circunstancia de que si la empresa adjudicataria de «un servicio tan sensible en su prestación» no garantiza los derechos de la plantilla o hace que permanentemente se tengan que judicializar sus condiciones laborales, «perderemos los estándares de calidad en la prestación para acabar siendo un reguero de denuncias».

Esta situación es para el concejal de IU una muestra más de «la verdadera cara de la privatización de los servicios públicos municipales» y por ello reclama la recuperación del servicio mediante una encomienda a la EMV de modo que las 50 trabajadores (47 auxiliares y 3 personas de administración) pasen a estar bajo el paraguas del Ayuntamiento, ha informado IU en nota de prensa.

«Así sí garantizaríamos que las condiciones se cumplan sin tener que esperar una orden de un juez. Si 5 de 7 empresas tienen estos problemas y no se paraliza el proceso, es garantizar que la prestación del servicio nace condicionada por empresas incumplidoras con la dignidad de sus trabajadores y trabajadoras», ha dictaminado Fernández.

Insiste el concejal de IU que, dadas las características de este servicio, ya que serán esas trabajadoras quienes cuiden de nuestros familiares, se debe asegurar una prestación «con garantías laborales de cuidado a una plantilla que es indispensable».

Recuerda además que no es la primera vez que las plantillas de las empresas que se encargan de servicios municipales privatizados sufren el modelo mercantil de prestación de servicios. De hecho, rememora la plantilla de la empresa que gestionaba los parques y jardines de Toledo se quedó sin cobrar varios salarios.

«El problema –matiza Txema Fernández– es que en ningún punto de los pliegos técnicos o administrativos se exige que antes de empezar a gestionar el contrato y cobrar las mensualidades por el Ayuntamiento, tengan que presentar la documentación necesaria que acredite no haber tenido conflictos con sus plantillas».

También considera el portavoz municipal de IU que los pliegos deberían garantizar la reversión del contrato en caso de no cumplir con las condiciones laborales de sus empleados y empleadas en materia salarial, de libertad sindical o en prevención de riesgos laborales porque las sanciones no impiden que sigan incumpliendo. «Estas empresas saben que el coste de no cumplir con esas exigencias es muy pequeño porque se acaban poniendo sanciones económicas que pueden pagar fácilmente y seguir incumpliendo requisitos laborales básicos», lamenta Fernández.

Por último, el concejal de la formación de izquierdas vuelve a insistir en que la defensa de los servicios públicos municipales «es el primer escalón que permite llegar a tener garantía de que lo que se financia desde el Consistorio cubre las necesidades de los vecinos y vecinas». Y para que esto ocurra, señala, la mejor fórmula es que «se gestione de forma directa por el Ayuntamiento porque es más barato y tiene objetivos sociales y no meramente mercantiles de empresa».

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