IU sugiere que sean comisiones las que controlen los contratos municipales de Toledo y no auditorías externas

TOLEDO 11 Sep. –

El Grupo Municipal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Toledo, que ha mostrado su preocupación por la fórmula elegida para el control de los contratos municipales y el cumplimiento de los mismos, dado que son las propias empresas adjudicatarias las que eligen a quienes les harán las auditorías externas, ha sugerido que sea una comisión la que realice esa labor.

«Se hace complicado pensar que las empresas propuestas para vigilar una actividad sean ‘enemigas’ de quien las propone, por lo que nos preocupa que ese control no sea todo lo efectivo que se merece la prestación del servicio», ha señalado el portavoz de la formación, Txema Fernández, según informa el grupo.

Recuerda el concejal de IU que los contratos para la gestión de servicios públicos son numerosos y representan casi la mitad del presupuesto por lo que el equipo de Gobierno debería contemplar un modelo de control y fiscalización en el que se garantizara la objetividad y seguridad de la auditoría.

A su juicio, sería necesario poner en marcha lo que se aprobó en un pleno municipal del año 2019 de modo que se sienten en una comisión para analizar el cumplimiento de los contratos municipales los representantes de la empresa, de los trabajadores, el equipo técnico municipal y los representantes de cada partido político.

Entre los contratos que están bajo la actual fórmula de control está el de parques y jardines; depuración de agua; mantenimiento de edificios municipales, colegios y conserjería; o el de limpieza viaria y recogida de basuras. «Todos ellos –aprecia Txema Fernández– tienen una fórmula perversa en la que la empresa adjudicataria es la que propone a una terna de empresas para que ejerzan ese control entre las que luego elegirá el equipo de Gobierno».

Y ejemplificando esta anomalía, señala el concejal de IU que el contrato de limpieza viaria y recogida de basuras –adjudicado por 3 millones de euros menos de lo que fijaron los técnicos municipales– contempla como falta grave que parte de la plantilla que trabaja en el contrato de Toledo lo haga también en otros municipios, sobre todo en estos momentos de tantas fiestas patronales. Sin embargo, apunta Txema Fernández, la función de vigilancia para que no se produzcan incumplimientos de este tipo solo la podría hacer el Ayuntamiento y no empresas que estén vinculadas con la adjudicataria que destina parte del presupuesto de adjudicación a contratar a su propia ‘auditora’.

«El contrato prohíbe taxativamente que trabajadores del servicio de limpieza de Toledo realicen labores en otros municipios, pero esa inspección nos preocuparía que la hiciera una empresa propuesta por la propia adjudicataria», advierte Fernández, «ya que sería una importante tentación usar la plantilla pagada con el contrato de Toledo para hacer trabajos contratados por un municipio diferente en el que la gran beneficiaria sería la empresa que tiene el contrato en nuestra ciudad».

Otro ejemplo de esta fórmula, a su juicio «incoherente», es el contrato de depuración de agua adjudicado a Aqualia (por 11 millones menos de lo estimado por los técnicos) que el 3 de julio de este año proponía a una empresa para la ‘auditoría externa’ y que cinco días después fue aceptada por la Junta de Gobierno Local.

«A cambio de 20.000 euros al año, Aqualia tendrá los informes de cumplimiento de contrato de una empresa propuesta por ellos mismos», reflexiona Txema Fernández.