IU acusa al equipo de Gobierno toledano de destinar a uso turístico viviendas familares del Casco

TOLEDO 12 Ene. –

El concejal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Toledo, Txema Fernández, ha arremetido contra la política de vivienda del equipo de Gobierno en el Casco Histórico, reprochándole que desde abril de 2025 y hasta finales de ese año, se hayan convertido «en la oscuridad de las Juntas de Gobierno, donde solo hay concejales del PP y Vox», más de medio centenar de viviendas que eran en principio de uso residencial familiar a viviendas de uso turístico.

«Todas ellas en el Casco Histórico y sabiendo que ya empiezan también a convertirse en alojamientos temporales multitud de locales comerciales del resto de barrios cambiando así la configuración de esas zonas para enfocarla a la única industria que quiere desarrollar el PP y Vox en Toledo», ha criticado Fernández.

Según informa el grupo, para el edil de Izquierda Unida esta es «una evidencia del engaño» del equipo de Gobierno ya que «mientras nos intentaba convencer de que su política de vivienda traería más vecinos al Casco sabía que mentía porque estaba concediendo licencias para que esos pisos fueran de alquiler estacional que solo generan más población los fines de semana y momentos festivos».

El Gobierno local, matiza, «no tiene política de vivienda más allá de inflar las cuentas de la Empresa Municipal de la Vivienda encargando informe tras informe que después de casi tres años de gobierno no se ha traducido en ninguna vivienda real».

También critica Fernández que el Ayuntamiento «siga mirando para otro lado» cuando está sentado en la presidencia del Consorcio de la Ciudad de Toledo dando por bueno la creación con fondos públicos de «zulo-viviendas» en conventos cuya renta recaerá sobre el titular del bien que no tendrá límites para el cobro del alquiler, «siendo así parte esencial de un negocio especulador el propio Consorcio de la mano de este gobierno local».

De igual modo, ha cuestionado que las cinco viviendas del Corral de Don Diego se adjudicarán por un sistema «totalmente injusto», el sorteo puro, entre solicitantes con diferencias de rentas abrumadoras que van desde los 16.000 y los 63.000 euros, «desdeñando el criterio de la necesidad de vivienda y dándose la posibilidad de que las cinco viviendas sean adjudicadas a quien menos ayudas necesita».

A juicio del concejal de IU, entre las carencias de la política de vivienda del Gobierno de PP y Vox también está su «falta de responsabilidades» como prestador de servicios públicos por los que cobra en urbanizaciones periféricas como Montesión, San Bernardo o El Beato.

«En algunas de ellas, como el Beato, no se presta ningún servicio público que sí se cobra con el IBI a quien allí viven. No se limpian sus calles o no se recogen sus basuras, por ejemplo», matiza Fernández.

«El gobierno municipal ha tomado partido y considera que la vivienda es un derecho de acceso a quien pueda pagarlo, sin querer entender que las administraciones deberían buscar los criterios de actuación sociales por encima de los beneficios a empresas o instituciones privadas», concluye Txema Fernández.