Igualdad y CCAA aprueban procedimiento para acreditar situaciones de violencias sexuales que mejoren acceso a prestación

MADRID/TOLEDO 17 Nov. –

El Ministerio de Igualdad y las comunidades autónomas han aprobado este lunes en la Conferencia Sectorial un procedimiento común para la acreditación de las situaciones de violencias sexuales que servirá para mejorar el acceso de las víctimas a derechos y prestaciones.

Estas acreditaciones están contempladas en la Ley de garantía integral de libertad sexual, más conocida como ley del ‘solo sí es sí’ y facilitarán el acceso de las víctimas de violencias sexuales a todos los derechos, recursos y servicios reconocidos en la normativa estatal. Además da cumplimiento a los requerimientos tanto del Convenio de Estambul, como del Pacto de Estado contra la violencia de género.

Según el acuerdo alcanzado en esta jornada, la acreditación tendrá eficacia en todo el territorio del Estado y podrá ser solicitada por las mujeres, niñas, niños y adolescentes víctimas principales de todas las formas de violencia sexual; así como por quienes ejerzan su representación legal.

Según ha informado el departamento que dirige Ana Redondo, podrán solicitar esta acreditación las víctimas que no hayan presentado denuncia previa, aquellas cuyo procedimiento judicial haya sido archivado o sobreseído, quienes hayan interpuesto denuncia y el procedimiento penal esté en trámite, o las que cuentan con sentencia condenatoria firme con pena o penas ya extinguidas por cualquier causa, siempre que haya transcurrido el plazo de cinco años a contar desde el día siguiente al de su notificación.

También podrán solicitar la acreditación las víctimas con sentencia absolutoria o que no hayan podido probar la existencia de violencia, las víctimas a las que se haya denegado la orden de protección o la adopción de medidas cautelares, o para las que estas hayan quedado inactivas, y cuando existan antecedentes de denuncia o retirada de la misma.

La acreditación con título administrativo tendrá una vigencia de cinco años, a contar desde el día siguiente al de la emisión del título acreditativo, o desde que la víctima cumplió la mayoría de edad, si la acreditación se emitió siendo esta menor de edad. Transcurrido ese plazo de cinco años, podrá solicitarse nuevamente.

Hasta alcanzar este acuerdo con los territorios, el Ministerio de Igualdad ha impulsado un grupo de trabajo con las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla, que se ha reunido en ocho ocasiones.

Por otro lado, el Ministerio de Igualdad, a través de la Secretaría de Estado de Igualdad, ha trabajado junto al Ministerio de Justicia en una instrucción, publicada el pasado 28 de octubre, para que los letrados de la Administración de Justicia comuniquen la información sobre las víctimas de violencia sexual al punto designado por las comunidades y ciudades autónomas, a semejanza de lo que ya se venía haciendo con las víctimas de violencia de género.

El Ministerio de Igualdad cuenta desde 2023 con una partida presupuestaria específica para hacer frente a las ayudas económicas, que ya está a disposición de las comunidades autónomas para su gestión y, en última instancia, para que puedan contribuir a la recuperación y el bienestar de las víctimas.

Con independencia de la acreditación administrativa, son títulos habilitantes que certifican las situaciones de violencia sexual, y por tanto dan acceso a las víctimas a sus derechos legales, las sentencias condenatorias, las órdenes de protección, o cualquier otra resolución judicial que declare la existencia de violencia sexual o acuerde una medida cautelar a favor de la víctima; así como un informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios de que la demandante es víctima de violencia sexual.

Al margen de las acreditaciones, en la Conferencia Sectorial de Igualdad el Ministerio de Igualdad ha informado de otros asuntos como la «incidencia técnica» en las pulseras para maltratadores, registrada el 11 de noviembre y resuelta ese mismo día; de los últimos casos de violencia de género que se analizaron en el comité de crisis celebrado el 12 de noviembre; y del reciente texto normativo sobre violencia vicaria.