Igualdad alerta de que alejamiento de menos de 350 metros dificulta la protección de víctimas de violencia machista

Enviará una carta a jueces y fiscales con medidas para garantizar la efectividad de la protección de las pulseras antimaltrato

El Ministerio de Igualdad ha alertado de que las órdenes de alejamiento que fijan un perímetro de menos de 350 metros dificultan la protección de las víctimas de violencia machista.

Así lo han puesto de manifiesto fuentes del departamento de Ana Redondo a Europa Press, que han avanzado que pedirán por carta al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y a la Fiscalía garantizar la efectividad en el Sistema Cometa, encargado del funcionamiento de las pulseras para maltratadores.

En este sentido, será la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género la que se encargue de enviar una misiva al CGPJ y a la Fiscalía para mejorar cuestiones que «dificultan» la efectividad de los dispositivos.

Por un lado, recoge los supuestos en los que la distancia de prohibición de aproximación a la víctima es inferior a 350 metros, que es la distancia mínima recomendada para una capacidad de respuesta óptima del sistema. En esta línea, desde Igualdad advierten de que, a menos distancia, la capacidad de reacción es «muy complicada» para que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) lleguen a tiempo para evitar agresiones.

En esta línea, una mujer de 31 años resultó herida de gravedad el pasado domingo en Ibiza a manos de su expareja, que tenía una orden de alejamiento en vigor, y que también hirió a la madre y a la hermana de la víctima. En cuanto a este caso, desde el Ministerio de Igualdad aseguraron que el sistema de control telemático funcionó correctamente y añadieron que el sistema registró y transmitió las señales previstas, conforme al protocolo.

De la misma manera, desde el Ministerio indicaron que la orden de alejamiento que la mujer tenía en vigor es de 100 metros, una distancia reducida que, aun cumpliéndose desde el punto de vista operativo, limita el margen de reacción ante una aproximación repentina.

Es por ello por lo que el pasado 8 de enero, desde Sala Cometa se había enviado un escrito a la autoridad judicial recomendado ampliar la orden de alejamiento a 350 metros, para que se puedan asegurar mejores niveles de seguridad y mayor margen de actuación por parte de Sala Cometa y de las FCSE.

Por otro lado, también pondrá en conocimiento del CGPJ y de la Fiscalía el «mal uso» de los dispositivos por parte de los inculpados, así como los incumplimientos de las obligaciones asociadas a esta medida judicial. En la misiva se subraya que «siempre se incoará procedimiento por quebrantamiento de condena», aunque se advierte de que «no siempre se hace», además de exigir la correspondiente responsabilidad por los daños ocasionados.

Igualmente, desde el Ministerio ponen de manifiesto los casos en los que el domicilio del inculpado se encuentra dentro del área fija de exclusión establecida judicialmente. Cuando se dan estas situaciones, explican, que el sistema operativo se tensiona, con «continuas alarmas» que llegan, tanto a las FCSE y a la propia víctima.

Finalmente, alertan de los casos en los que el nivel de cobertura es «deficiente» en las zonas donde residen o se encuentran habitualmente agresor o víctima. Así, avisan de que si no hay cobertura «no se puede garantizar la monitorización en todo momento de las posiciones de agresor o víctima, lo que es esencial para el funcionamiento del sistema».

La Fiscalía General del Estado afirmaba en su memoria anual correspondiente al 2024 que se habían producido «múltiples fallos» detectados con estos dispositivos telemáticos. Tras conocerse en septiembre del año pasado, la propia Fiscalía e Igualdad aseguraron que las víctimas «siempre» habían estado «protegidas».