Fiscalía pide archivar la causa contra profesionales del comité que autorizó la eutanasia a Noelia

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 12 ya descartó irregularidades

La Fiscalía de Barcelona ha pedido el sobreseimiento de la causa contra dos miembros del Comité de Ética Asistencial que autorizó la eutanasia a Noelia, la joven barcelonesa de 25 años que padecía una paraplejia y que finalmente recibió la muerte asistida el pasado jueves, han informado fuentes del Ministerio Público a Europa Press.

La Fiscalía lo ha solicitado a la titular del Juzgado de Instrucción número 20 de Barcelona, que investiga a ambos profesionales (un médico y una jurista) contra los que la Fundación Española de Abogados Cristianos presentó una querella por presuntos delitos de prevaricación y falsedad en documento público.

Según la querella, ambos habrían reconocido en sede judicial que simularon un desacuerdo inexistente para forzar que la decisión tuviese que elevarse al pleno de la Comissió de Garantia i Avaluació de Catalunya (CGAC), «alterando así el cauce legalmente previsto y blindando administrativamente la autorización».

El Juzgado de Instrucción número 20 admitió a trámite la querella con la finalidad de recabar del Juzgado de lo Contencioso Administrativo 12 de Barcelona la sentencia dictada, en la que se avaló la eutanasia a la joven y se descartaron irregularidades.

«Dicha solicitud de testimonios no podía hacerse de otra forma que admitiendo a trámite la querella, al objeto de que la petición de la documentación aludida tuviera cobertura legal» para, una vez recibida, dar traslado a la Fiscalía para que informase sobre la relevancia penal de los hechos, según informó en un auto el pasado 26 de marzo.

La titular del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 12 de Barcelona, que avaló la eutanasia a Noelia en una resolución que posteriormente fue avalada por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), ya descartó irregularidades en el procedimiento: «No se aprecia ningún indicio de delito en la actuación de los profesionales».

La jueza refirió que en el informe de la dupla médico-jurista se hizo constar, en los comentarios de la jurista, que el sufrimiento de la paciente le generaba «dudas» sobre si podía considerarse grave, crónico e imposibilitante, como marca la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia (LORE), por lo que emitió un informe desfavorable.

Los miembros de la dupla explicaron durante el juicio que, al tratarse de un caso complejo, decidieron que debía elevarse el asunto al pleno, y la jueza entendió que su actuación no vicia la nulidad del procedimiento, «pues otorga a la decisión de mayores garantías» dado que la decisión pasa a ser tomada por todos los miembros de la CGEC, que eran 19, habiéndose adoptado por unanimidad.