Guijarro no comparte las declaraciones de Sabrido sobre financiación y apostilla: «Es un pésimo sistema para C-LM»

TOLEDO 15 Sep. –

El vicepresidente primero del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, ha asegurado este martes no compartir las declaraciones del delegado del Gobierno en la región, José Pablo Sabrido, sobre el nuevo modelo de financiación autonómica planteado por el ejecutivo de Pedro Sánchez.

«No es un buen sistema de financiación para Castilla-La Mancha», es más, ha dicho el vicepresidente, es «un pésimo sistema de financiación para Castilla-La Mancha» y «no vale decir que vamos a recibir más dinero del que recibimos actualmente». «Faltaría más que, después de 12 años en aprobar un sistema de financiación, que el Estado no pusiera más recursos para las comunidades autónomas».

Pero, según ha argumentado el vicepresidente socialista, «no se trata de que recibamos más dinero» sino «se trata de cómo se distribuye ese dinero» porque con la propuesta que se hace de distribución «salimos más perjudicados que con el actual sistema».

Según ha explicado José Luis Martínez Guijarro, un castellano manchego va a recibir todos los años algo más de 200 euros menos que un catalán para financiar los servicios públicos. «¿Por qué?», se ha preguntado el vicepresidente.

«No se trata de que haya más dinero en el sistema de financiación, sino de cómo se reparte y esto lo provoca el criterio de ordinalidad», que a su juicio es «una barbaridad» porque «quien más tiene, tiene más derechos». «Eso es inaceptable; el delegado del Gobierno tendrá el mandato de defenderlo pero es indefendible desde una óptica progresista», ha apostillado.

Por lo tanto, ha incidido el vicepresidente castellanomanchego, desde el gobierno de Emiliano García-Page van a seguir oponiéndonos «de todas todas» a ese sistema de financiación y esperan que «no salga». «Esperamos que el gobierno de España le entre un poco de cordura y acabe no presentándolo y que nos sentemos todas las comunidades autónomas porque es un sistema que está avalado por dos comunidades autónomas: por Cataluña, que es la gran beneficiada, y por Canarias, que tiene un régimen especial, y por lo tanto el sistema de financiación no se le aplica de una misma manera que al resto de las comunidades autónomas».