El PP de Guadalajara pide a Vega que asuma el coste de mantenimiento de las cámaras de videovigilancia en los pueblos

GUADALAJARA 2 Sep. –

El portavoz del Grupo Popular en la Diputación de Guadalajara, Román García, se ha hecho eco de la «gran preocupación» que existe entre los alcaldes de la provincia por la gestión que el gobierno socialista de José Luis Vega está llevando a cabo con el Plan de Videovigilancia y Seguridad anunciado por la Institución provincial. Este martes ha registrado un escrito para que la Diputación ofrezca «toda la información» al respecto de este plan, así como «certezas y soluciones a los pueblos a los que su presidente realizó una promesa todavía hoy sin cumplir».

Tal y como ha recordado García, «el pasado 21 de junio de 2024, el presidente de la Diputación anunció la creación de una red de vídeo cámaras de seguridad en todos los pueblos de Guadalajara, asumiendo a partir de 2025 el coste de mantenimiento de las cámaras de los accesos por carretera a las localidades que se adhiriesen».

Desde este anuncio, y viendo que el tiempo pasaba, «en el mes de enero de este año 2025, desde el Grupo Popular, formulamos varias preguntas en el Pleno para ver cómo se iba a gestionar el coste del mantenimiento de este año», ha explicado el portavoz del PP, «a lo que se nos respondió que si hacía falta sacar una convocatoria expresa, así se haría», ha informado la Diputación en nota de prensa.

La realidad hoy, ha subrayado Román García, es que «más de un año después del anuncio realizado por Vega, y ya entrados en el último cuatrimestre del año, los pueblos se han visto ante una situación inédita de incertidumbre y, de enfado por tener que seguir costeando este mantenimiento durante este año y enfrentarse a la ausencia de información por parte de la Diputación».

Así lo ha manifestado en rueda de prensa, acompañado por los alcaldes de Galve de Sorbe, Javier López; Henche, Ángel Cuesta; y Sayatón, Rocío Iniesta, afectados por esta gestión del gobierno de la Diputación.

Como ejemplos, a la alcaldesa de Sayatón, por contar con dos equipos, se le reclama una cuota anual de 3.600 euros, mientras que al alcalde de Galve de Sorbe, por cuatro equipos, 7.200 euros.

García ha explicado que «en febrero de este año, salió la licitación del contrato cifrado en más de 3 millones de euros para dos años de vigencia, pero la adjudicación definitiva parece no haberse resuelto aún».

«Meses después, la Diputación envió una comunicación a los alcaldes para que ofrecieran datos sobre los equipos con los que contaban de cara a satisfacer los costes de ese mantenimiento, y los ayuntamientos cumplieron», ha apuntado.

Pero, pese a todo ello, ahora, 14 meses después del anuncio de Vega, se encuentran que «siguen recibiendo liquidaciones por parte de las empresas que se encargan del mantenimiento de las cámaras de sus municipios y, lo que es más grave, incluso, estas empresas les han indicado muy recientemente que es momento de renovar dichos contratos o, de lo contrario, en los próximos días se verán obligadas a cancelar los servicios, dejando de grabar y funcionar las cámaras de seguridad instaladas».

El portavoz del PP ha mostrado su apoyo a los alcaldes afectados y ha pedido a la Diputación «que se tome en serio» este proyecto del que el presidente aseguraba en una entrevista «que iba a ser copiado por todo el ámbito nacional». «Efectivamente nos gustaría que se copiase, pero pedimos al resto de administraciones que no copien la forma de gestionar de Vega; la política del anuncio por encima de cualquier otra cosa, incluso de los pueblos».

El Grupo Popular denuncia la «falta de previsión» sin pensar en los pueblos García ha criticado la «falta de previsión absoluta sin pensar de forma prioritaria en los pueblos, generando expectativas a los pequeños ayuntamientos, que quizás se habrían esperado a instalar muchas de las cámaras por el esfuerzo económico que le supondría su mantenimiento y se lanzaron a hacerlo pensando en sus vecinos por encima de todo», como así han declarado en la rueda de prensa.

«Los perjudicados», ha dicho, «vuelven a ser los pueblos; pueblos con poco presupuesto, con pocos vecinos, con muchas preocupaciones, a los que se ha abocado a la incertidumbre y a la callada por respuesta por parte del gobierno provincial, que ni siquiera, a fecha de hoy, se ha dignado a ofrecerles una simple indicación sobre cómo actuar frente a la situación incierta y amenazante a la que se enfrentan en estos momentos con las cámaras de sus pueblos».

Para finalizar, el portavoz del PP ha anunciado que su Grupo ha registrado en la mañana de hoy un escrito «para que la Diputación nos ofrezca, no ya toda la información al respecto de este Plan de Videovigilancia y su definitiva puesta en marcha, sino, sobre todo, certezas y soluciones a los pueblos a los que su Presidente realizó una promesa todavía hoy sin cumplir».