El Ayuntamiento de Guadalajara ve «un triunfo para la ciudad» el auto sobre el Fuerte de San Francisco

GUADALAJARA 22 Ene. –

El Ayuntamiento de Guadalajara considera que el auto del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM) sobre el Fuerte de San Francisco confirma que el Consistorio «tenía razón» y supone «un triunfo para la ciudad».

Así lo ha valorado este mismo jueves, al poco tiempo de haberlo recibido en el Consistorio, el teniente de alcalde de Urbanismo, Alfonso Esteban, en una comparecencia urgente para analizar una resolución que obliga a la Junta a ejecutar una sentencia firme de 2017 incumplida durante años.

Ello, después de que el Grupo Municipal Aike haya dado a conocer el auto del TSJCM en el que ha ordenado a la Junta de Comunidades la ejecución de la sentencia que la obliga a rehabilitar el conjunto del Fuerte de San Francisco de Guadalajara, tras constatar su «inactividad prolongada» y descartar que la obligación haya prescrito, según el auto notificado a las partes personadas, entre ellas también el Ayuntamiento de la capital. * El teniente de alcalde y responsable del área de Urbanismo, Alfonso Esteban, ha valorado la resolución judicial como «un triunfo del Ayuntamiento de Guadalajara y de sus vecinos» y ha asegurado que el auto «demuestra que el Consistorio tenía razón» tras años denunciando el incumplimiento por parte del Gobierno regional. * «Hoy es un gran día para la ciudad. Espero que con este auto se acabe el incumplimiento, la manipulación y la burla a Guadalajara en relación con el Fuerte de San Francisco», ha afirmado Esteban en una comparecencia urgente junto a la jefa de Área de Urbanismo, Blanca Causapie.

El auto resuelve el incidente de ejecución de sentencia presentado por el Ayuntamiento el 4 de marzo de 2024 respecto a la sentencia 205/2017, que adquirió firmeza en octubre de 2018 y que condenaba a la Junta a la rehabilitación integral de los inmuebles del Fuerte de San Francisco.

El tribunal rechaza expresamente la alegación de prescripción formulada por la Junta y declara que la sentencia «no ha sido ejecutada», subrayando que más de siete años después de su firmeza no se han cumplido las obligaciones impuestas.

Según ha explicado Esteban, la Sala aprecia que ha existido «inactividad por parte de la administración autonómica», lo que ha provocado «un grave deterioro de los inmuebles» y constituye «un claro incumplimiento del fallo judicial», vulnerando además el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva.

Así, dicho auto ordena a la Consejería de Fomento la ejecución «inmediata y completa» de la sentencia y fija plazos concretos y perentorios, entre ellos: un mes para iniciar la licitación de las obras de rehabilitación de varias naves (cerrajería, forja y escuelas municipales); un mes para iniciar los expedientes de desalojo de los ocupantes que aún residen en algunos inmuebles y otro mes para iniciar la licitación de las demoliciones incompatibles con el planeamiento.

Además de cuatro meses para redactar los proyectos de rehabilitación del resto de edificaciones conforme a los usos previstos; seis meses para subsanar deficiencias técnicas detectadas en informes de evaluación y diez días para designar a un funcionario o autoridad responsable del cumplimiento. También, el tribunal advierte de la posible imposición de multas coercitivas e incluso de la deducción de testimonio para exigir responsabilidad penal por desobediencia en caso de incumplimiento.

Blanca Causapie ha recordado que el origen del conflicto se remonta a 2004, cuando se aprobó un Plan de Singular Interés para el Fuerte de San Francisco. En aquel acuerdo, el Ayuntamiento cedió su aprovechamiento urbanístico a la Junta, que asumió como contraprestación la obligación de rehabilitar todos los inmuebles del recinto.

«El Ayuntamiento ya pagó esa rehabilitación en términos urbanísticos. No es un compromiso político, es una obligación jurídica», ha subrayado Causapie. Aunque en 2010 se recepcionó parcialmente la urbanización, la rehabilitación integral nunca se completó.

La sentencia de 2017, firme en 2018, confirmó ese incumplimiento, pero durante casi ocho años la Junta no ejecutó las actuaciones exigidas. El tribunal rechaza ahora que el derecho del Ayuntamiento a exigir la ejecución haya prescrito, al considerar que el plazo se interrumpió por las actuaciones parciales emprendidas por la propia Junta, que nunca llegaron a culminarse.

Esteban ha vinculado este conflicto con la reciente polémica por el rechazo del proyecto de la Ciudad del Cine en el Fuerte de San Francisco, asegurando que el Ayuntamiento siempre ha defendido que «no se puede zanjar un incumplimiento judicial con una inversión puntual».

El auto admite recurso de reposición en el plazo de cinco días, aunque Esteban ha confiado en que la Junta «acate la resolución y cumpla los plazos fijados». «Espero que hoy se acabe definitivamente el incumplimiento y que se respeten las decisiones judiciales. No deberíamos haber llegado hasta aquí», ha concluido.