APAG tilda de «impuesto revolucionario» las multas por vertidos a pequeños pueblos sin recursos para depurar

Laso sostiene que las sanciones de la CHT «no solucionan el problema ambiental» y pide ayudas para depuradoras en municipios más pequeños

El presidente de la Asociación Provincial de Agricultores y Ganaderos de Guadalajara (APAG), Juan José Laso, ha calificado de «impuesto revolucionario» las sanciones que reciben algunos pequeños ayuntamientos de la provincia por los vertidos de aguas residuales sin depurar, al considerar que las multas no resuelven el problema de fondo y se imponen a municipios que carecen de capacidad económica para construir y mantener sistemas de depuración.

Así lo ha manifestado en declaraciones a Europa Press tras la reunión mantenida este lunes entre representantes de los 127 municipios afectados por la gestión de la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT), la Dirección General del Agua de Castilla-La Mancha y la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible.

Según Laso, entre los problemas comunes que comparten numerosos ayuntamientos figuran las dificultades para obtener autorizaciones de la Confederación, la falta de limpieza de cauces y las sanciones derivadas de vertidos sin depurar en localidades de muy reducida población.

«Prácticamente es un impuesto revolucionario», ha afirmado el dirigente agrario, quien considera que la política sancionadora actual no contribuye a mejorar la calidad de las aguas ni a resolver las carencias estructurales de los municipios afectados.

En este sentido, ha cuestionado que algunos pueblos deban afrontar cada año multas de entre 1.000 y 2.000 euros sin que exista una solución efectiva al problema. «Cada año les ponen una multa por no depurar sin solucionar el problema. Entonces uno paga y sigue contaminando. Eso no puede ser», ha señalado.

Laso ha insistido en que muchos de estos municipios cuentan con apenas unas decenas de habitantes y carecen de recursos suficientes para acometer inversiones en infraestructuras de depuración. «Estamos hablando de pueblos con tres, cuatro, veinte o cincuenta vecinos que no pueden sufragar una depuradora», ha explicado.

A su juicio, la responsabilidad de garantizar la depuración de las aguas residuales debe recaer en las distintas administraciones públicas mediante fórmulas de colaboración y financiación.

«Tendrá que ser la propia Confederación, el Estado, la Junta o quien corresponda quien dé herramientas a estos pueblos para depurar sus aguas», ha defendido.

El presidente de APAG considera que la actual dinámica sancionadora tiene un carácter meramente recaudatorio y no cumple el objetivo medioambiental perseguido. «Lo que hay que hacer es solucionar el problema y el problema no se soluciona con multas», ha recalcado.

Además, ha asegurado que algunos alcaldes presentes en la reunión expusieron casos en los que las sanciones habrían llegado incluso a cobrarse mediante embargos en las cuentas municipales.

La crítica del presidente de APAG se enmarca en la reivindicación compartida por los alcaldes afectados para que la Junta de Comunidades asuma, mediante una encomienda de gestión, determinadas competencias actualmente ejercidas por la Confederación Hidrográfica del Tajo.

Según el presidente de los agricultores y ganaderos de Guadalajara, esta fórmula permitiría agilizar trámites, facilitar permisos relacionados con actuaciones en cauces y acercar la gestión administrativa a los municipios.

«La Confederación está totalmente sobrepasada, no tiene personal suficiente y es incapaz de atender muchas de las necesidades que plantean los ayuntamientos», ha afirmado.

El dirigente agrario ha señalado también que la falta de mantenimiento de cauces continúa provocando inundaciones periódicas en explotaciones agrícolas de la provincia, con daños en cosechas, arrastres de tierra y pérdida de suelo fértil, una situación que, según ha denunciado, lleva años trasladándose a la Confederación sin obtener respuesta efectiva.