Fiscal Superior C-LM alerta de las «posibilidades» que ofrece la IA para que delincuentes perfeccionen sus actuaciones

TOLEDO 27 Oct. –

El Fiscal Superior de Castilla-La Mancha, Emilio Fernández, ha alertado este martes de los «grandes problemas» que presenta la Inteligencia Artificial en el ámbito de los ciberdelitos, debido a la «facilidad» y las «posibilidades» que ofrece para que los delincuentes «puedan perfeccionar sus actuaciones».

A preguntas de los medios en las Cortes, antes de la presentación de la Memoria de la Fiscalía 2025 en la Comisión de Asuntos Generales, Fernández ha asegurado que este tipo de delitos están «evolucionando a peor», ya que, aunque la IA «puede ser una ventaja para nuestra vida» como ciudadanos, también permite que sea «relativamente muy fácil» para los delincuentes el poder lanzar «señuelos que llevan a engañar a decenas de miles de personas».

En este punto, ha mencionado la existencia de «granjas de tarjetas SIM», la posibilidad de hacerse en internet con «decenas de miles de direcciones de teléfonos, de números de carné de identidad, de cuentas de correo electrónico, etcétera, que pueden llevar a hacer actuaciones delictivas y la inteligencia artificial lo que hace es que esos delitos sean más imperceptibles por parte de la víctima».

Fernández se ha detenido en la evolución que han sufrido, por ejemplo, los mensajes que se reciben en este ámbito delictivo, y en cómo «hace unos años tenían faltas de ortografía, estaban mal escritos, no tenían una redacción correcta», mientras que actualmente la inteligencia artificial ha propiciado el perfeccionamiento de los medios de comisión de hechos delictivos, particularmente los delitos contra el patrimonio.

Dicho esto, ha comentado que los datos del Ministerio del Interior reflejan que «la ciberdelincuencia está absolutamente disparada», hasta el punto de que «uno de cada cinco delitos que se cometen en España tiene relación con las nuevas tecnologías, con internet y sus redes sociales», presentando, además, un «elevadísimo índice de impunidad».

La mayoría de estas infracciones, prácticamente el 85 por ciento, son delitos patrimoniales que se cometen a través de los móviles, en mensajes, correos electrónicos o alertas de correos de la Agencia Tributaria o sobre «el hijo que tiene un nuevo móvil».

En este punto, y en relación a los menores, el Fiscal Superior ha lamentado que la convocatoria electoral ha interrumpido la tramitación del Proyecto de Ley orgánica de protección de los menores en los medios digitales, «que trataba un poco de poner orden en el acceso de los menores, de los niños y niñas, a los contenidos digitales, a las páginas web, a las redes sociales», acabando algunas de estas situaciones «con la elaboración o con la captación de estos menores para realizar material autogenerado de abuso sexual infantil».

«Esto nos preocupa extraordinariamente. Tratamos de potenciar la acción de la Fiscalía, que requiere una previa actuación de las Fuerzas de Seguridad del Estado, y ahí vamos avanzando», ha subrayado, incidiendo en que el cibercrimen «es pujante, es muy sencillo» y «cada vez existe más posibilidad» para que los delincuentes sean técnicos en manejo de aplicaciones digitales.