El sector del ajo, en pérdida progresiva de competitividad, pide salvaguardar el cultivo frente a importaciones

Alertan de la caída de productividad del ajo morado, «consecuencia directa de la política fitosanitaria de la Unión Europea»

La Asociación Nacional de Comercializadores y Productores de Ajo (ANPCA), reunida en la localidad conquense de Las Pedroñeras, ha alertado de la difícil situación que atraviesa el cultivo y la comercialización del ajo español, y ha incidido en la necesidad urgente de que las administraciones públicas adopten medidas concretas y eficaces de cara a la próxima campaña.

En esta asamblea, se puso de relieve el peso estratégico que tiene el ajo español en el contexto europeo: España representa más del 70% de la producción total de ajo en la Unión Europea, lo que convierte al país en el principal productor y garante del abastecimiento del mercado comunitario.

«Esta posición de liderazgo, lejos de ser una fortaleza consolidada, se encuentra hoy seriamente amenazada por una serie de factores estructurales que el sector viene denunciando desde hace años y que exigen una respuesta política a la altura del desafío», alertan en nota de prensa.

Según indican, uno de los puntos centrales del debate fue la pérdida sostenida de rendimientos por hectárea que el sector viene registrando campaña tras campaña, con especial incidencia en el ajo morado, la variedad más tradicional, de mayor calidad y con mayor valor añadido de cuantas se cultivan en España.

«Esta caída de productividad es consecuencia directa de la política fitosanitaria de la Unión Europea, que ha ido eliminando materias activas imprescindibles para el control eficaz de plagas y enfermedades que afectan al cultivo, especialmente en los meses de mayo, junio y julio», explican.

Las herramientas fitosanitarias actualmente disponibles son no solo ineficaces en comparación con las que existían anteriormente, sino también significativamente más costosas, lo que ha disparado los costes de producción por hectárea. Al distribuirse esos costes crecientes entre un volumen de kilos cada vez menor, el impacto económico sobre el productor se multiplica.

«Como consecuencia de esta situación –alertan desde ANPCA– muchos agricultores han optado por sustituir el cultivo de ajo morado por variedades más tempranas, que permanecen menos tiempo en el campo, ofrecen algo más de rendimiento y se ven menos afectadas por las plagas y enfermedades de la segunda mitad de la primavera y el verano. Esta tendencia, sin embargo, supone un retroceso en la calidad y en el valor añadido del ajo español».

De igual modo, desde esta asociación apuntan a que la pérdida de competitividad interna se ve agravada por la «ineficacia» del actual arancel específico al ajo, fijado en 1.200 euro/tonelada, que no ha sido actualizado desde el año 2001.

El efecto acumulado de la inflación registrada en la zona euro durante los últimos veinticinco años ha erosionado por completo su capacidad protectora: el precio de entrada del ajo chino y, sobre todo, del ajo egipcio –incluso aplicando el arancel vigente de 1,20 euro/kg– se sitúa, desde 2019, por debajo de los costes de producción de los agricultores europeos.

«Esta situación ha propiciado un aumento significativo de las importaciones procedentes de terceros países, principalmente China y Egipto, con productos de menor calidad y menores garantías de seguridad alimentaria, que están desplazando al ajo europeo en el mercado comunitario en las dos últimas campañas», alertan.

Por ello, el presidente de ANPCA, Juan Salvador Peregrín, ha hecho un llamamiento directo a las autoridades nacionales y europeas para que adopten acciones contundentes que permitan «salvaguardar un cultivo de enorme relevancia social y económica, tanto a escala nacional como europea».

En sus palabras, el sector no puede seguir afrontando en solitario el coste de unas políticas que lo dejan en manifiesta desventaja competitiva frente a países terceros que no están sujetos a las mismas exigencias medioambientales, fitosanitarias ni sociales.

Mientras, el vicepresidente de la asociación, Antonio Escudero, en referencia a la línea 330 de Agroseguro, destinada a cubrir el cultivo del ajo, ha alertado de que no recoge adecuadamente los avances tecnológicos y productivos que se han producido en el sector, en particular los relacionados con los modernos sistemas de recolección mecanizada.

Escudero ha anunciado que ANPCA presentará próximamente ante Enesa y Agroseguro un estudio técnico y una propuesta formal de actualización de dicha línea, con el objetivo de adaptar la cobertura a la realidad actual del cultivo y garantizar una protección real y efectiva para los productores.

Desde la Asociación Nacional de Comercializadores y Productores de Ajo han defendido que hablar del ajo es hablar del «alma» de comarcas enteras donde este cultivo ha vertebrado durante generaciones la actividad económica, el empleo y la propia identidad del territorio.

«El ajo es un cultivo social en el más amplio sentido del término: su laboreo exige una mano de obra intensiva que genera miles de jornales en zonas rurales donde apenas existen alternativas de empleo».

Según destacan, cada campaña moviliza trabajadores locales, empresas de servicios, almacenes, transportistas y cooperativas que, en conjunto, sostienen un tejido productivo que va mucho más allá del campo.

«En un contexto de despoblación galopante, el ajo cumple además una función irreemplazable como cultivo fijador de población. Allí donde permanece una explotación ajera, permanece también una familia, una cuadrilla, un negocio, una escuela con niños y un pueblo con futuro».

Por ello, alertan de que renunciar a este cultivo «no es solo una decisión agronómica o económica: es condenar a la desaparición a comunidades que llevan décadas apostando por él como fuente de vida y de arraigo».

De ahí que la ANPCA exija que el ajo sea reconocido por las instituciones como lo que verdaderamente es: un cultivo «estratégico» para la sostenibilidad del medio rural español.