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Publicado 25 Feb 2026 19:36
La moción presentada en el Pleno de la Diputación de Cuenca por el Partido Popular para revertir la renuncia a más de seis millones de euros en subvenciones estatales destinadas a la reparación de carreteras afectadas por la DANA de 2024 en Garaballa, Henarejos y Aliaguilla ha sido uno de los principales debates de la sesión ordinaria de febrero.
La iniciativa, defendida por el portavoz Cayetano J. Solana ha planteado un paquete de medidas para revertir la renuncia a estas ayudas estatales, que incluye revocar de inmediato el decreto de renuncia, solicitar al Ministerio de Política Territorial la suspensión de sus efectos y la reactivación de las subvenciones, exigir la elaboración de informes técnicos y jurídicos que detallen el estado de las carreteras y las consecuencias de la renuncia, y crear una comisión de seguimiento que garantice transparencia, planificación y una priorización objetiva de las actuaciones vinculadas a la DANA 2024.
Solana ha subrayado que estas ayudas proceden de una declaración oficial de «zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil», lo que las convierte en líneas de financiación excepcionales y no recurrentes.
Según recoge la moción, renunciar a ellas implica «perder financiación finalista» y trasladar el coste íntegro de las obras a futuros presupuestos provinciales, además de mantener en situación precaria infraestructuras esenciales para la Serranía de Cuenca.
El presidente de la Diputación de Cuenca, Álvaro Martínez Chana, ha respondido a la moción de los ‘populares’ con el argumento de que la previsión es que la legislatura terminará con una inversión en carreteras superior a los 60 millones de euros.
Martínez Chana ha defendido que «solo hay que pasear por la provincia para verlo» y las cifras atestiguan la diferencia de «la preocupación que tiene el PP cuando gobierna y la que tenemos nosotros».
Por este motivo, han rechazado la moción insistiendo que en esta materia «no pueden dar lecciones».
El diputado del PP ha concluido que renunciar a estas ayudas sin justificación técnica supone un perjuicio para una provincia que ya sufre «despoblación, déficit de infraestructuras y desequilibrio territorial».
En la parte dispositiva del pleno, la Corporación aprobaba por unanimidad los convenios reguladores de la delegación de las facultades de gestión, recaudación e inspección de tributos locales y demás ingresos de derecho público de Fuente de Pedro Naharro, Santa Cruz de Moya y Priego, así como la modificación de la RPT del OAGTR y la cesión definitiva de una finca al Ayuntamiento de Palomera.
Por otro lado, se ha aprobado con el voto en contra del Grupo Popular la desestimación del recurso de reposición de la RPT de 2026.
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