El PP lamenta las personas que han fallecido esperando dependencia y Gobierno le afea «utilizar a los muertos»

TOLEDO 5 Feb. –

El Grupo Parlamentario Popular ha afeado al Gobierno de Castilla-La Mancha las «más de 2.300 personas» que han fallecido en la región «esperando la dependencia», asegurando que esas cifras «deberían avergonzarlo», extremo que ha irritado a la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, que ha acusado al partido de la oposición de «utilizar a los muertos».

Este cruce de acusaciones ha tenido lugar en el debate sobre dependencia que se ha sustanciado este jueves en el pleno de las Cortes regionales, al hilo del debate que, sobre esta cuestión, ha propuesto el Grupo Parlamentario Socialista.

Ha sido el portavoz de Vox, Francisco Cobo, para quien falta «mucha financiación, mucho recurso y, sobre todo, atención», el que ha abierto el debate, acusando al Ejecutivo regional, que «presume de haber incrementado el presupuesto para este 2026», de no haber gastado el pasado ejercicio 149 millones en tres programas, «según los datos del estado de ejecución de su sección».

«No entendemos cómo ante esta necesidad no se cubre y se gasta este presupuesto», ha dicho el diputado de Vox, que ha asegurado que más de 101.000 personas tienen reconocido el grado de dependencia, pero solo 82.400 reciben una prestación efectiva, denunciando que 19.000 personas con derecho reconocido «no reciben atención».

«Reconocer un derecho y no hacerlo efectivo no es política social, es maquillaje administrativo», ha condenado el diputado de los de Santiago Abascal, que sostiene que el Ejecutivo castellanomanchego «ante la incapacidad de responder con servicios profesionales suficientes, ha trasladado el problema a las familias».

«Esto no es una política moderna, es la externalización silenciosa del fracaso de su sistema», ha cuestionado Cobo, que ha preguntado al Ejecutivo regional si está dispuesto a devolver el «copago» que recae sobre muchos de los perceptores de estas prestaciones.

Por su parte, la parlamentaria del PP Tania Andicoberry ha lamentado que tras el «triunfalismo» del Ejecutivo regional, «haya personas dependientes que se cansan de esperar, familias que se agotan, cuidadores que renuncian a su vida para sostener lo que el sistema no sostiene y, lo más grave, personas que mueren sin haber recibido la ayuda a la que tenían derecho».

«Más de 2.300 personas fallecieron en Castilla-La Mancha esperando la dependencia en Castilla-La Mancha solamente estos últimos dos años. No son números, son personas», ha precisado Andicoberry, sobre unas «cifras que deberían avergonzar a cualquier Gobierno».

Tras aseverar que la realidad es preocupante «como dicen los informes oficiales, los profesionales y las entidades sociales», ha arremetido contra una gestión, la del Gobierno castellanomanchego, que «está demostrándose ser deficiente y en un modelo de dependencia ‘low cost'».

Dicho esto, y en referencia la financiación del sistema, ha pedido al PSOE «lealtad institucional» para exigir al Estado la cofinanciación que corresponde a Castilla-La Mancha, «sin usarla como excusa para tapar la mala gestión, pero exigiendo de forma contundente al Gobierno de España que aporte las cantidades a las que está obligado».

Mientras, Pablo Camacho, representante del Grupo Socialista, ha sacado pecho tras aseverar que el dictamen del Observatorio de la Dependencia del 2025 «vuelve a situar en el primer lugar en gestión a Castilla-La Mancha».

Dicho esto, ha admitido que para «seguir ofreciendo a la ciudadanía los mejores servicios y los mejores recursos» es «imprescindible una financiación justa», ya que «la financiación del Estado esté lejos del espíritu de la ley».

«Castilla-La Mancha aporta en torno al 70% los recursos, frente al 30% que aporta el Estado, cuando la ley de dependencia establece que debería poner el 50%. Esta situación de infrafinanciación no se puede sostener por más tiempo», ha demandado, recordando que PP y PSOE acordaron blindar los servicios sociales y el bienestar social en la reforma del Estatuto de Autonomía, que el PP ha frenado «tras la llamada de Tellado».

Por su parte, la consejera ha arrancado reprochando a los grupos de la oposición que hablen de «lo mal que va la dependencia» en la región, cuando la Asociación estatal de directoras y gerentes de servicios sociales o el Imserso sostiene que «Castilla-La Mancha es líder en toda España en gestión de dependencia».

En cuanto al «abuso» de la Teleasistencia, que ha denunciado el PP, García Torijano ha asegurado que este recurso, uno mejores valorados por la ciudadanía en la región, además de ser gratuito y universal, solo se presta a 129 de los más de 5.700 grandes dependientes de la región.

Dicho esto, ha atacado a la parlamentaria ‘popular’, que ha aludido a las personas que mueren esperando la dependencia, por «utilizar a los muertos».

«Es lo más grave de todo este discurso que he tenido que estar escuchando», ha lamentado la titular regional de Bienestar Social, que, para contrarrestar las críticas de los partidos de la oposición, ha aseverado que la región es «la comunidad autónoma con mayor número de plazas públicas, con financiación pública en toda España».

También ha entrado la consejera en la financiación que la región recibe del Estado para sostener todo este sistema, defendiendo que «gobierne quien gobierne», Castilla-La Mancha reclama que el Gobierno de España contribuya con ese 50% que le corresponde «para poder seguir reforzando el sistema».

«El presidente Emiliano García-Page se lo dice a quien esté en el Gobierno de España. Ya estén unos o estén otros. Pediría al señor Paco Núñez que lo hiciera así, ya no por su dignidad ni la de su partido, sino por la de los ciudadanos de Castilla-La Mancha», ha concluido.

El debate ha terminado con las consiguientes propuestas de resolución de los partidos. La del PP, además de pedir reducir de manera «urgente» las listas de espera en Dependencia, insta al Gobierno regional a exigir al Gobierno de España el cumplimiento efectivo de la cofinanciación legal del sistema de Dependencia, «sin utilizar esta reclamación para ocultar deficiencias de gestión ni falta de ejecución del presupuesto autonómico».

Dicha propuesta, que ha contado con el apoyo de Vox, ha sido rechazada por la mayoría socialista.

En la misma línea, la del Grupo Socialista, que ha salido adelante pese a los votos en contra de PP y Vox, contempla, entre otras cuestiones, persistir en las negociaciones con el Gobierno de España para recuperar una financiación justa en materia de dependencia.

PSOE y PP se han aliado para que no prospere el texto de Vox, que pide al Gobierno de España reforzar las partidas y agilizar los trámites destinados a la dependencia e incrementar el gasto público en servicios sociales y sus infraestructuras e invertir en una mejora de las residencias públicas.