El personal de Marktel Albacete se concentra en su centro para pedir que se anule el ERE que despedirá a 55 empleados

ALBACETE 20 Nov. –

Cerca de un centenar de sindicalistas y trabajadores de la empresa de Marktel se han concentrado este jueves en su centro de Albacete para pedir que se anule el ERE que ha presentado la empresa y que supondrá el fin de 55 empleos y el cierre de su sede en la capital de la provincia horas antes de la última reunión para llegar a un acuerdo.

El secretario regional de UGT de Oficinas y Despachos, Diego Martínez-Acacio, ha advertido del «impacto importante que tendrá en la sociedad albaceteña» que una multinacional cierre su centro de trabajo en la ciudad «despidiendo a 55 personas con familia e hipotecas que van a ver sus vidas truncadas».

El sindicalista ha asegurado que disponen de «información» que los hace pensar «que la empresa ha actuado de mala fe» y que por tanto tienen bases «para solicitar a las autoridades laborales la improcedencia de los despidos».

La multinacional dedicada a venta de servicios a través de teleoperadores, con miles de empleados y varias sedes en España, Portugal y Latinoamérica, ha alegado «motivos organizativos y productivos», según los sindicatos, algo que contrasta con el aumento de campañas de venta en otras sedes, ante lo que UGT y CCOO han afirmado que el cierre del centro de Albacete «es una represalia a los trabajadores por organizarse sindicalmente y reclamar sus derechos».

Martínez-Acacio ha recordado que hace un año y medio los trabajadores comenzaron a denunciar a la empresa para que les reconociese el rango profesional de gestor telefónico, por encima del de teleoperador que aparecía en sus contratos.

Tras obtener varias victorias judiciales y que más trabajadores se sumaran a las denuncias, «la empresa empezó a advertir con el cierre», han afirmado los sindicalistas.

Un cierre que presentó oficialmente en octubre al comité de empresa.

La coordinadora de la Federación de Servicios de CCOO, Carmen Olivas, ha insistido en que «se trata de una venganza por todas las demandas que hemos puesto, incluso, ante la Inspección de Trabajo, exigiendo la aplicación correcta del convenio».

Olivas ha valorado que la empresa «debería de haberse preocupado de ofrecer nuevos servicios y más carga de trabajo» para sus empleados de Albacete, algo que cree perfectamente posible al ser servicios de venta telemática.

El cierre afecta a un sector de trabajadores «joven, precario, en su mayoría mujeres, que han tenido que desempeñar un trabajo muy duro y que ahora se van a la calle por reclamar sus derechos», ha explicado Olivas.

Una de las trabajadoras de la empresa que ha acudido a la manifestación junto al resto de sus compañeros, Lucía Martínez, de 43 años, ha comentado que lleva 6 años en Marktel y que en el último año y medio «ha habido una evolución drástica que comenzó con una serie de suspensiones de empleo y sueldo disciplinarios que no tenían ningún sentido».

Esto la golpeó moralmente, viendo que «las condiciones del empleo empeoraban y cada vez nos daban menos carga de trabajo».

Martínez ha exigido que se les reconozca como gestores telefónicos y ha asegurado que pese a que se enfrentan «a una situación muy dura», la plantilla «se mantiene unida y reclamara lo que se merece».

El presidente del comité de empresa y trabajador de la multinacional, Sergio Serna, de 47 años y con más de cinco dedicados al centro de Albacete, ha recordado que al principio llegaron a ser casi 200 empleados respecto a los 55 que quedan en la actualidad.

«Hace un año y medio empezaron los despidos masivos y la empresa dejaba caer que cerraría el centro si seguíamos denunciando para exigir nuestros derechos», ha sostenido Serna, que vio como un «castigo» que les dejaran con una única campaña en el centro de Albacete, la venta de servicios de Vodafone, y no les ofrecieran otras que sí desempeñan otras sedes de Marktel como la de Madrid o Valencia.

Los sindicatos demandan que se ceda carga de trabajo de otras sedes para mantener el centro de Albacete operativo y, si la empresa rechaza esa opción, que se pague una indemnización por despido improcedente acorde al rango profesional que corresponde a los trabajadores.