
Publicadas las normas de ejecución de los presupuestos de Castilla-La Mancha para 2026
Publicado 9 Jan 2026 19:57
El Gobierno de Castilla-La Mancha asegura que el nuevo modelo de financiación autonómica presentado por el Gobierno central hará que la región siga estando infrafinanciada y «por debajo de la media del conjunto de las comunidades autónomas», según han explicado fuentes de la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital a Europa Press.
Es por ello que desde el departamento dirigido por Juan Alfonso Ruiz Molina aseguran que Castilla-La Mancha seguirá «estando castigada como lo está ahora con el actual modelo».
El Ejecutivo autonómico apunta que no se trata de que todas las regiones ganen «porque la tarta sea más grande» sino que, según Castilla-La Mancha, lo que está en cuestión es «si el trozo de la tarta que se lleva cada uno es justo».
Desde la región castellanomanchega manifiestan que el volumen de recursos es «positivo», pero no así la forma de distribuirlos porque «el modelo impide, en cualquier caso», que todas las regiones puedan «acceder en condiciones de igualdad a los servicios públicos».
Así, apuntan que la metodología de este nuevo modelo es «claramente regresiva» ya que, según la posición de Castilla-La Mancha, «aquellas comunidades autónomas con mayor capacidad tributaria tienen derecho a disponer de mayor volumen de recursos y, en consecuencia, poder prestar los servicios públicos en mejores condiciones que los demás».
Por contra, para Castilla-La Mancha el modelo «debe regirse en aportar a la bolsa común en función de la capacidad y recibir en función de las necesidades», algo que, afirman, «se mide a través de un buen diseño de la población ajustada que tenga en cuenta el coste real que supone a cada comunidad autónoma prestar los servicios en condiciones de igualdad y no atendiendo a la capacidad económica del territorio».
Sobre esto, desde la Comunidad Autónoma aseguran desconocer la financiación por habitante ajustado de cada región.
Por todo ello, la conclusión que se extrae desde Castilla-La Mancha es que la propuesta presentada «es más un modelo de reparto de la riqueza nacional que un verdadero modelo de finaciación que atienda a sufragar el coste real que supone a las comunidades autónomas prestar los servicios públicos fundamentales».
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