El Gobierno aprueba la quita de deuda autonómica, que alcanza los 4.927 millones de euros para C-LM

Montero estima que las CCAA se ahorrarán hasta 6.700 millones de intereses y augura que el PP se acabará acogiendo

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el anteproyecto de ley orgánica para la condonación de deuda parcial a las comunidades autónomas, que supondrá que el Estado asuma un total de 83.252 millones de euros, lo que equivale a una cuarta parte de la deuda regional de régimen común, una medida que, según el Gobierno, no supone «ningún agravio con ninguna parte del territorio» ni tampoco «un beneficio» a Cataluña. En el caso de Castilla-La Mancha, la condonación alcanza los 4.927 millones de euros, lo que supone reducir su pasivo un 30%.

«Queda demostrado que es falso que la condonación beneficie a Cataluña y perjudique al resto de España», ha señalado la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que ha dicho que la medida permitirá beneficiar a todas las comunidades autónomas aunque no tengan deudas con el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), como es el caso de la Comunidad de Madrid.

Montero ha cifrado el ahorro en materia de intereses para los gobiernos regionales entre 6.600 y 6.700 millones de euros, que a partir de ahora podrán ir dirigidos a reforzar políticas sociales como sanidad, educación o dependencia.

A renglón seguido, ha explicado que el 75% de los 83.252 millones que el Estado está dispuesto a absorber, es decir, unos 60.000 millones, se repartirán por el indicador de «población ajustada», lo que arrojará una condonación media del 19% de la deuda autonómica.

«Dicho de otra manera: con esa aproximación, el Estado se queda casi con el 20% del conjunto de la deuda del subsector comunidades autónomas con una situación asimétrica, dependiendo de la situación de partida de cada territorio», ha agregado al respecto.

La vicepresidenta, que ha remarcado que la propuesta es «voluntaria» para los gobiernos regionales, ha insistido en que «es falso» que la condonación de la deuda «beneficie a Cataluña y perjudique al resto de España». «De los 83.252 millones casi 60.000 corresponden a deuda de comunidades gobernadas por el PP. Es decir, 7 e cada 10 euros que se condonan benefician a territorios gobernados por el PP», ha aducido.

Para justificar ese extremo, Montero ha asegurado que la comunidad autónoma con mayor condonación en cifra absoluta es Andalucía, con 18.791 millones de euros, mientras que la región con mayor quita por habitante es la Comunitat Valenciana con 2.284 euros. Asimismo, la región con mayor porcentaje de deuda condonada es Canarias, con un 50% del total.

«Es decir, tres territorios donde gobierna el PP, bien preside o bien cogobierna con otras fuerzas políticas. ¿Dónde está el agravio? ¿Dónde está el perjuicio?», se ha preguntado.

En el caso de la Comunitat Valenciana, la vicepresidenta ha remarcado que «no hay ningún motivo» para que esa región, que «no puede salir a los mercados» por su situación financiera actual, «siga atrapada en esa situación» por el hecho de que el presidente autonómico, Carlos Mazón, «vaya al dictado» del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

A pesar del rechazo manifiesto del PP a la quita, Montero ha vaticinado que las comunidades gobernadas por los ‘populares’ se terminarán acogiendo. «Por mucho que digan en el relato, de cara a la galería, al final terminarán firmando, porque saben que es bueno para el conjunto del territorio», ha remarcado.

Con todo, la pretensión del Gobierno es que las comunidades «recuperen» la autonomía financiera y política «para volver a salir a los mercados». «Tengamos en cuenta que el FLA, al cronificarse, se ha convertido en una anomalía. En su momento fue un auxilio financiero temporal y así se defendió, pero está costando que las comunidades autónomas, después de 15 años, salgan a los mercados a endeudarse», ha argumentado.

Con respecto a los plazos, la vicepresidenta ha trasladado que el anteproyecto será enviado al periodo de audiencia pública para recibir aportaciones de las CCAA.

Posteriormente, la intención del Ejecutivo es mandar la norma al Congreso «antes de que acabe el año» y aprobar «definitivamente» la norma a lo largo del primer trimestre de 2026.

Aún así, Montero se ha mostrado prudente al indicar que se deberá tener en cuenta el periodo de enmiendas de los grupos parlamentarios.