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Publicado 17 Mar 2026 12:43
TOLEDO 17 Mar. –
CCOO Castilla-La Mancha ha hecho un llamamiento este martes a que todas las personas interesadas en el proceso de regularización extraordinaria de inmigrantes abierto por el Gobierno central acudan a fuentes oficiales y entidades colaboradoras o profesionales colegiados, a fin de evitar los «auténticos abusos» que se están cometiendo, incluso antes de que se apruebe el Real Decreto.
El secretario de Empleo, Formación y Migraciones de CCOO Castilla-La Mancha, Juan Carlos del Puerto, en una rueda de prensa para dar a conocer la campaña informativa destinada al colectivo inmigrante que ha puesto en marcha el sindicato en la región, ha alertado de que, a raíz de este proceso, está surgiendo «mucha oferta de personas que realmente no están acreditadas» y que no tienen «ningún tipo de vínculo» con este ámbito y se están ofreciendo a hacer este trámite.
Por ello, ha insistido en que las personas interesadas deben acudir a entidades colaboradoras con el Gobierno de España y a profesionales que se identifiquen como tal, resaltando que este procedimiento debe ser gratuito o, en el caso de acudir a un profesional colegiado, «a un precio muy comedido», destacando cómo han detectado casos abusivos de «supuestos tramitadores» que piden honorarios de entre 700 y mil euros, especialmente en Madrid o que están «exigiendo adelantos».
Aunque Del Puerto ha destacado que en la mayoría de los casos «se está haciendo bien», ha precisado que «hay anuncios totalmente sangrantes» y «personas que se están aprovechando de la situación de necesidad» de los inmigrantes, por lo que ha avisado de que el sindicato pondrá esos casos a disposición de las autoridades pertinentes, y ha incidido en que no se haga a través de personas» que pueden estafar u ofrecer un procedimiento fraudulento».
Con esa intención de trasladar una «información cierta, verdadera y eficaz», el sindicato está celebrando asambleas en sus sedes por toda la región, que ya han dado comienzo en Talavera de la Reina y Quintanar de la Orden y se replicarán el 24 de marzo en Cuenca, el 26 de marzo en Albacete y en Toledo, el 7 de abril en Guadalajara y el 15 de abril en Tomelloso. Todas serán a las 11.00 y a las 17.00 horas, salvo en el caso de Toledo, que será únicamente a las 11.00 horas.
A las dos asambleas ya realizadas, donde han detectado la «confusión» de la gente, acuden personas de entre 20 a 40 años que trabaja en diferentes sectores de forma formal o informalmente. Suelen ser personas africanas, generalmente marroquíes y subsaharianos, que han trabajado tanto en el campo como montando escenarios en un pueblo y que, después de esto, se plantean tanto trabajar por cuenta ajena como por cuenta propia, para lo que se les está asesorando desde el sindicato en colaboración con la Junta.
Según datos del Ministerio, a nivel estatal hay 800.000 personas en situación irregular, de las que 10.000 se sitúan en Castilla-La Mancha, aunque como ha señalado el secretario de Empleo, Formación y Migraciones de CCOO, en la región suele haber un repunto mayor de trabajo en determinadas épocas agrarias pero no una «gran carga» en relación a otras comunidades autónomas.
En las asambleas, CCOO explica los requisitos que deben cumplir y la documentación que deben acreditar las personas que acudan a la regularización extraordinaria y que, según el segundo borrador que ha elaborado el Gobierno, se trataría del pasaporte completo o título de permanencia en España, un certificado de antecedentes penales del lugar de residencia cinco años antes de llegar a España y otro ya del propio país.
Además, deben acreditar una permanencia de cinco meses en el país antes del 1 de enero de 2026, que podrá comprobarse o con el sello de entrada en el pasaporte, el billete de avión por el que hayan accedido a territorio español, la realización de cursos, un contrato de alquiler o cualquier otro documento público o privado siempre que identifique a la persona que pide el proceso y pide el procedimiento. Toda la documentación del país de origen tiene que estar certificada y traducida al idioma español.
Juan Carlos del Puerto, que ha apuntado que el Gobierno prevé que el Real Decreto entre en vigor «al día siguiente» de su aprobación, y tenga una duración máxima de tres meses, ha defendido los requisitos que se exigen, pues «no podemos hacer un procedimiento de regularización sin base», convencido de que la regularización servirá para aflorar las altas en la Seguridad Social y «para dignificar».
Esto «no va a suponer una mayor presión de los servicios públicos» que ya se debería haber notado hace dos años cuando estas personas ya trabajaban en la región, pues «la mayoría son personas en población activa que no utiliza los servicios públicos porque está trabajando», ha comentado.
Dicho esto, ha avisado de que el sindicato mirará «con lupa» cualquier «boicot» al proceso de regularización «por parte de cualquier persona que tenga la idea de utilizar su cargo público para que no se hagan los informes de evaluación correspondientes o no puedan acceder a los servicios públicos en la localidad» y obrarán «en consecuencia ante cualquier abuso».
Igualmente, Del Puerto ha señalado que emplear el pretexto de la población migrante «para utilizarla de pegamento de una serie de consignas es una apropiación instrumental de otra época», aconsejando a quienes se sitúen en esta posición que acudan a trabajar con el sindicato para ver «las condiciones de las que se aprovechan las personas migrantes en la región».
Finalmente, ha animado a la población migrante a acudir a las sedes de CCOO y a solicitar cita previa en los puntos de atención de cara a la apertura del procedimiento.
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