El Gobierno aprueba el martes el decreto de vivienda que prorrogará alquileres hasta 2028

MADRID/TOLEDO 26 Jul. –

El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar el martes, 28 de julio, el decreto ley en materia de vivienda que incluirá la prórroga automática de los contratos de alquiler hasta 2028 o elevar al 21% el IVA de los pisos turísticos.

En el último Consejo de Ministros antes de las vacaciones, el Gobierno pretende dar ‘luz verde’ a un paquetes medidas que dé lugar a un «gran acuerdo» en el Congreso de los Diputados para abordar el problema de acceso a la vivienda.

Así, el Gobierno está trabajando en un real decreto pactado entre PSOE y Sumar que incluirá propuestas «apoyadas por las distintas fuerzas políticas» a lo largo de la legislatura, según ha avanzado el propio Ejecutivo.

El texto se estructurará en dos bloques. El primero se destinará a bajar el precio, dar estabilidad a los contratos y combatir el fraude en el alquiler.

Este bloque incluye, entre otros, la regulación de los alquileres de temporada y de habitaciones, la obligatoriedad de que los contratos sean por escrito y bonificaciones en el IRPF a quienes bajen el precio del alquiler.

Además, fuentes de Sumar han señalado que en el texto se ha logrado incluir una nueva prórroga extraordinaria de hasta dos años de los contratos de alquiler.

Esta prórroga reforzada podrán solicitarla aquellos inquilinos cuyos contratos vencen hasta el 30 de junio de 2028, lo que amplía en casi un millón de personas las potenciales beneficiarias de esta medida. Según Sumar, en total (desde el 21 de marzo del 2026 hasta el 30 de junio del 2028) podrán beneficiarse de la prórroga casi cuatro millones de personas y un millón y medio de hogares.

El segundo bloque se orienta a movilizar vivienda asequible e incluye, entre otros, el incremento del IVA al 21% para los pisos turísticos y medidas de agilidad administrativa, además de la reforma de la ley del suelo.

El nuevo decreto ley incluirá una propuesta a negociar con los grupos parlamentarios sobre medidas para proteger a las familias en situación de vulnerabilidad, con el objetivo de evitar los desahucios y de que ninguna quede sin alternativa habitacional.