Plataforma de la Vivienda alerta de que la Ley de Medidas Urgentes «desprotege a los más vulnerables frente a desalojos»

TOLEDO 22 Oct. –

La Plataforma por el Derecho a la Vivienda de Castilla-La Mancha ha arremetido contra la Proposición de Ley de Medidas Urgentes para la Movilización de Suelo, el Impulso de la Vivienda y la Simplificación Urbanística, aprobada este jueves en las Cortes regionales, por «desproteger a los más vulnerables frente a desalojos y no ofrecer alternativa habitacional».

Tras asegurar que la norma es un nuevo «parche» legal, que elude la necesidad de una verdadera Ley de Vivienda integral, competencia exclusiva de la Junta de Comunidades, valora que persiga incrementar el parque de vivienda social, con medidas como la posibilidad de destinar edificios y parcelas públicas en desuso a vivienda protegida.

No obstante, en nota de prensa denuncia que la protección permanente y la duración mínima de cincuenta años del régimen de alquiler que incorpora solo se aplican a las viviendas financiadas por el Plan Estatal de Vivienda, dejando fuera a buena parte del parque público autonómico, que sigue sin ese blindaje.

«En su redacción actual, la norma desprotege gravemente a las personas más vulnerables frente a desalojos administrativos: la regulación de la resolución de contratos de arrendamiento y cesión de uso de vivienda pública ignora el perfil de vulnerabilidad económica y social de quienes las habitan, hasta el punto de que el mero impago de una cuota puede bastar para justificar el desalojo, sin que en ningún momento se valore la situación personal, económica o familiar de las personas afectadas. Tampoco la presencia de menores».

A su juicio, la moratoria que contempla la ley para casos «excepcionales de marcado carácter social» resulta excesivamente «vaga, discrecional e insuficiente».

Tras cuestionar que la norma priorice la construcción y la reclasificación de suelo frente a fórmulas más ágiles, como la adquisición de viviendas ya existentes mediante tanteo y retracto, la plataforma reclama, en cambio, un plan regional de movilización de vivienda vacía que incorpore al mercado residencial las viviendas desocupadas –especialmente las susceptibles de alquiler social o asequible–, junto con medidas de adquisición, rehabilitación y recuperación de vivienda existente.

DESEQUILIBRIO DE FONDO DE LA POLÍTICA AUTONÓMICA DE VIVIENDA

Para la plataforma, esta ley no es un hecho aislado, pues confirma el «desequilibrio» que ya mostraba la Agenda de Acción por la Vivienda 2026-2030 de la Junta frente a las tres demandas centrales de esta Plataforma -regular el mercado del alquiler, ampliar la oferta de vivienda social y garantizar una alternativa habitacional ante los desahucios-.

En regulación del alquiler, el balance es «nulo»: la Agenda no incorpora zonas tensionadas ni limitación de precios, y el Gobierno regional prioriza incrementar la oferta antes que intervenir en el mercado, escudándose en que ningún municipio ha solicitado formalmente esa declaración, cuando es la propia Junta quien debería facilitar y promover el uso de esta herramienta que la Ley por el Derecho a la Vivienda pone a disposición de las zonas con mayores dificultades de acceso.

En cuanto a la ampliación del parque social, el alineamiento es mayor sobre el papel –nuevas viviendas protegidas en alquiler, adquisición de inmuebles, movilización de vivienda vacía, una convocatoria de 68 millones para alquiler asequible y 280 millones adicionales del nuevo Plan Estatal–, pero el parque de vivienda social apenas alcanza el 1,66% del total, muy lejos de la media europea, y exige un incremento sostenido y estructural, no solo anuncios de visados de obra nueva.

«La propia definición de «asequible» que maneja la Junta se aleja de la realidad económica de la región: las viviendas calificadas como alquiler asequible no bajan de 600 euros al mes. Según el último informe FOESSA/EAPN sobre Castilla-La Mancha, un 34% de la población regional -732.443 personas- está en riesgo de pobreza o exclusión social, y un 14,4% ya acumula retrasos en el pago de su vivienda principal. Para esas personas, 600 euros no es una renta asequible: es, sencillamente, inalcanzable».

En cuanto a la garantía de alternativa habitacional ante los desahucios, la plataforma sostiene que la Agenda vuelve a fallar: no prevé protocolos de realojo, mecanismos de coordinación ante lanzamientos judiciales ni garantías expresas de acceso a una vivienda alternativa, la misma carencia que arrastra la ley aprobada ayer.

LA POSICIÓN DE PP Y VOX

De igual modo, la Plataforma por el Derecho a la Vivienda de Castilla-La Mancha ha arremetido contra PP y Vox, cuyas enmiendas que evidencian su posición sobre la vivienda, proponiendo bajar impuestos a quien compra vivienda para el mercado y restringir el acceso por origen o nacionalidad.

Por todo ello, reitera su exigencia de una Ley de Vivienda integral para la región, que regule el alquiler, garantice una alternativa habitacional ante cualquier desahucio y reconozca este derecho humano con todas sus garantías, y seguirá vigilante ante el desarrollo reglamentario de la norma aprobada.

«Esta ley confirma, además, por qué es necesario secundar la huelga general del próximo 11 de noviembre: mientras la Junta sigue sin asumir su responsabilidad en la crisis de vivienda, la Plataforma recuerda su llamamiento a sumarse».