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Publicado 11 Dec 2025 18:17
El subsector comunidades autónomas contará con 5.485 millones menos de capacidad de gasto
El Pleno del Congreso ha rechazado este jueves por segunda vez en menos de un mes los objetivos de estabilidad y de deuda para las administraciones públicas entre 2026 y 2028 con los votos de PP, Vox, Junts y UPN, por lo que para elaborar los Presupuestos de 2026 se usará una senda fiscal más estricta para las comunidades autónomas.
Durante el debate de los objetivos de estabilidad, PP, Vox y Junts ya avanzaron su voto en contra de la senda de déficit y reprocharon que los objetivos presentados este jueves eran los mismos que se rechazaron el pasado 27 de noviembre y no se había introducido ningún cambio al respecto.
Tal como sucedió hace dos semanas, Podemos y la diputada de Compromís integrada en el Grupo Mixto, Águeda Micó, se han abstenido; mientras que el resto de formaciones han apoyado el texto.
Pese al rechazo de la senda, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda ha confirmado que seguirá adelante con la presentación de los Presupuestos de 2026, que tendrán de base una senda fiscal más estricta para las comunidades autónomas.
Eso sí, desde Junts le han advertido de que incumplir con Cataluña tiene consecuencias. «Ni objetivos hoy ni Presupuestos mañana», ha remarcado Josep Maria Cruset durante el debate en el Congreso de los Diputados.
La senda que ha rechazado el Congreso, y que supone el primer paso para la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado, fija una hoja de ruta para reducir el déficit del conjunto de las administraciones públicas desde el 2,1% en 2026, al 1,8% en 2027 y al 1,6% en 2028.
Para las comunidades autónomas se había propuesto un déficit del 0,1% del PIB para los próximos tres años, mientras que para la Administración Central se ha propuesto un déficit del 1,8% en 2026, del 1,5% en 2027 y del 1,4% en 2028.
No obstante, una vez rechazada la senda de déficit, entrará en vigor la plasmada en el plan fiscal estructural a medio plazo remitida el año pasado a Bruselas, que es la misma a nivel global, pero deja una décima menos margen de gasto a las comunidades autónomas y otorga una décima más a la Administración Central.
En concreto, los objetivos del plan fiscal estructural sitúan la senda en 2026 para las comunidades autónomas en la estabilidad presupuestaria (0% de déficit frente al 0,1% que propone Hacienda), lo que les resta margen de gasto a las regiones.
Esto supone que las comunidades autónomas tendrán que hacer un ajuste fiscal de 1.755 millones de euros en 2026 y, si se tiene en cuenta todo el periodo, se van a perder 5.485 millones en capacidad de gasto para el subsector comunidades autónomas.
Por comunidades, Madrid será la región que pierda un mayor margen de gasto entre 2026 y 2028, de unos 1.088 millones, mientras que en Cataluña será de 1.038,7 millones y en Andalucía, de 731,4 millones, según los cálculos del Departamento que dirige María Jesús Montero.
Le siguen Comunidad Valenciana (509,9 millones); Galicia (280,8 millones); Castilla y León (256,7 millones); Canarias (200,5 millones); Castilla-La Mancha 193,3 millones); Aragón (169,6 millones); Baleares (153,4 millones); Región de Murcia (144,2 millones); Asturias (103,3 millones); Extremadura (91,5 millones); Cantabria (60,7 millones) y La Rioja (38,6 millones).
Montero ha lamentado así que, a quien realmente perjudica el rechazo a la senda de estabilidad son las propias comunidades autónomas. «No se puede explicar que, ofreciendo un mayor margen, algunos voten en contra. Solamente se puede explicar si hay un partido en esta Cámara o varios partidos en esta Cámara que estén instalados en el no por el no», ha criticado.
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