El alcalde de Adamuz (Córdoba) traslada su apoyo a «los alcaldes y las personas desamparadas en las vías»

ADAMUZ (CÓRDOBA), 28

El alcalde de Adamuz (Córdoba), Rafael Ángel Moreno, ha confesado este miércoles que se pone en «la piel de los alcaldes y de las personas que están desamparadas en las vías» de Urda (Toledo), tras el choque del tren AVE 2080 y el tren Iryo 6076, con un mínimo de 30 fallecidos, según fuentes del Gobierno de Castilla-La Mancha, todo ello cuando se cumplen nueve meses del siniestro ferroviario ocurrido en el municipio cordobés, con el descarrilamiento del tren Iryo y posterior colisión con el Alvia el domingo 18 de enero, que causó la muerte de 46 personas y hubo más de 120 heridos.

En declaraciones a Europa Press, el regidor ha expresado en primer lugar que con este siniestro han «vuelto a revivir» lo ocurrido en las vías de Adamuz, de manera que le he mandado «mensajes de apoyo» tanto al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, como al alcalde de Los Yébenes, Jesús Pérez, mostrándose «a su disposición y en lo que pueda ayudar».

Al respecto, ha indicado que no hablado con ellos por teléfono, porque sabe «en la situación en la que están, que estarán recibiendo multitud de llamadas y mensajes», al tiempo que al revivir el suceso de Adamuz, ha lamentado que las cifras de fallecidos y heridos son «mayores».

Mientras, el alcalde ha informado de que el Ayuntamiento de Adamuz va a publicar un comunicado de apoyo, porque «en estos momentos poco se puede hacer, más allá de eso, porque sabemos la situación en la que están, que están desbordados». Así, ha insistido en que se pone en la situación de ellos y sabe «cómo es lo que están viviendo».

En dicho comunicado, el Consistorio traslada su «más sentido pésame y toda su solidaridad con las familias y personas afectadas por el grave accidente ferroviario» ocurrido en la zona de Los Yébenes-Urda (Toledo).

«Nuestro pensamiento también está con todas las personas que, en estos momentos, trabajan en las labores de rescate, atención a los heridos y gestión de la emergencia», subrayan.

PENDIENTES DE LA INVESTIGACIÓN DIEZ MESES DESPUÉS

El día 18 de octubre se han cumplido nueve meses del siniestro ferroviario de Adamuz, que investiga la jueza de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Montoro (Córdoba), Plaza número 2, por la supuesta comisión de delitos de homicidio y lesiones imprudentes, sin investigados hasta el momento, y que ha citado para el día 12 de noviembre a técnicos de Iryo y Renfe, así como de otras empresas y los peritos judiciales, para la práctica de la diligencia de acceso, descifrado e interpretación en sede judicial de los datos contenidos en los registradores jurídicos de los dos trenes, las cajas negras.

En concreto, las dependencias de la entonces Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) en Madrid acogieron el día 5 de marzo la apertura de las cajas negras de los dos trenes siniestrados, después de que el Tribunal de Instancia de Montoro autorizó el día 26 de febrero el acceso, extracción y análisis del contenido de las mismas, así como el acceso y extracción de los datos contenidos en las cámaras de seguridad instaladas en el interior del tren Iryo.

A mediados de mayo, la jueza libró oficio a la Secretaría General de Infraestructuras Judiciales y Digitalización de la Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía, a fin de que, «con carácter urgente», por el órgano administrativo competente se adoptaran las medidas necesarias para facilitar a este órgano judicial, «a la mayor brevedad posible», acceder a aplicaciones informáticas y contar con personal de la empresa fabricante para descifrar las cajas negras de los dos trenes.

A principios de junio, la Junta de Andalucía resolvió aprobar por un total de 1.980 euros más IVA el coste de la práctica de la pericia solicitada por la Plaza judicial número 2 del Tribunal de Instancia de Montoro, de cara a tener los medios para el acceso efectivo, descifrado e interpretación de los datos contenidos en los registradores jurídicos de los dos trenes.

EL ESTADO DEL BALASTO Y TRAVIESAS

Dos laboratorios verificarán si «cumplían con las exigencias mínimas requeridas para su uso» el balasto y traviesas de las vías de la zona de Adamuz, de manera que para ello realizarán ensayos estudio. Desde julio tienen un plazo de seis meses para emitir un informe, tras recibir las muestras.

Según recoge el atestado de la Guardia Civil de mediados de octubre, al que ha tenido acceso Europa Press, dentro de las labores de investigación en relación al siniestro ferroviario, se encuentra la de comprobación del estado real en el que se encontraba diverso material de la superestructura ferroviaria, como es la práctica de pruebas en laboratorio, tanto del balasto como de las traviesas existentes en la zona del accidente, al objeto de verificar «si, en el momento de producirse este siniestro, ambos elementos cumplían con las exigencias mínimas requeridas para su uso».

Por otra parte, los tres peritos designados por el juzgado anunciaron en mayo que estiman tener dictamen sobre el caso en un plazo de nueve meses, a principios del año 2027.

Según el escrito al juzgado, se prevé desarrollar el dictamen inicial en «un período de nueve meses, contados a partir de la recepción de toda la documentación necesaria que forma parte de los archivos del procedimiento». No obstante, aseguraron que «dicho plazo podrá acomodarse en el tiempo a las necesidades del juzgado».

ROTURA DE LA VÍA 22 HORAS ANTES

Un informe de la Guardia Civil confirmó la rotura de la vía 22 horas antes del descarrilamiento del tren Iryo, que en segundos colisionó con el Alvia. A la vista de este informe, quedó como «línea principal de investigación la rotura de raíl o soldadura, quedando descartadas las acciones de sabotaje, terrorismo, negligencia o imprudencia de los maquinistas y a expensas de los informes periciales y otra documentación o manifestaciones que puedan ser recabados, y como muy altamente improbable la causa de una pieza en la vía que diera lugar al accidente».

Otro informe de la documentación de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios ya apuntó previamente a una caída de tensión compatible con la rotura de la vía 22 horas antes del descarrilamiento, todo ello «a partir de los registros de las señales eléctricas de los circuitos de vía de la zona, que mantiene Hitachi», que se encarga del sistema de señalización.

LAS VÍCTIMAS PIDIERON INTERRUMPIR LA RED

Entre las últimas peticiones de la Asociación Víctimas Descarrilamiento Adamuz se encuentra la realizada en verano al Gobierno y a Adif para que interrumpieran temporalmente el tráfico ferroviario en España hasta que se emita la certificación técnica «pertinente» que garantice «la plena seguridad y fiabilidad del sistema» después de la advertencia de la CIAF a Adif de que «no se contempla un sistema dirigido a la detección de roturas de carril».

En un comunicado, la asociación informó en julio del envío de un requerimiento formal, a través de su abogado Antonio Benítez Ostos, socio director de Administrativando Abogados, al presidente de Adif, Luis Pedro Marco de la Peña; a la presidenta de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria, Rocío Báguena, y al ministro de Transportes, Óscar Puente, para que decretaran de «manera inmediata» la interrupción temporal del tráfico ferroviario en España.

Así, exigieron que esta medida excepcional se mantenga en vigor hasta que se emita la certificación técnica «pertinente» que garantice «la plena seguridad y fiabilidad del sistema, debiéndose de adoptar la totalidad de actuaciones necesarias a tal fin».