Dos detenidos por grabar y difundir imágenes de contenido sexual a 27 mujeres, una de Albacete

LOGROÑO/ALABACETE 6 Ago. –

La Guardia Civil, en el marco de la operación ‘Vinteox’, ha detenido a dos personas, que se encuentran en libertad con cargos, en las provincias de La Rioja y Soria, por la obtención, clasificación, modificación y difusión de contenido sexual no consentido de 27 mujeres, trece de ellas riojana y el resto de Albacete, Guipúzcoa, Navarra, Palencia, Soria, Vizcaya y Zaragoza.

Ha sido el portavoz de la Guardia Civil en La Rioja, Miguel Ángel Sáez, el que ha informado del operativo, iniciado en marzo de 2025. Ha estado acompañado del teniente Coronel Jefe de Operaciones de la X Zona de la Guardia Civil, Enrique Guerrero, y del comandante Jefe de Policía Judicial e Información, Joaquín Martínez.

La operación sigue abierta ya que la difusión de imágenes y vídeos se realizaba a través de grupos de Telegram y Whatsapp, de lo que uno de los detenidos era el administrador. Se ha identificado ya a otras 20 mujeres víctimas de estos hechos.

Sáez ha afirmado que «eran dos lobos con piel de cordero», porque se aprovechaban de la confianza de varias de las víctimas, ya que había «compañeras de piso, amigas de universidad e incluso parejas», a los que se les ha incautado «más de 500 GB de archivos de contenido sexual». Realizaban «quedadas virtuales», en grupos cerrados de las aplicaciones mencionadas con anterioridad, para «compartir imágenes de carácter íntimo, principalmente de mujeres jóvenes, sin su conocimiento ni consentimiento».

En estos espacios, ha añadido, se aleccionaba a los participantes, proporcionando instrucciones precisas sobre «cómo obtener dicho contenido mediante engaño, suplantación o intrusión en dispositivos personales, además de fomentar la creación y el intercambio constante de este material en un contexto de absoluta impunidad y anonimato».

En este punto, Sáez ha advertido a los usuarios de estos grupos que «tengan cuidado porque quizás mañana la Guardia Civil puede que llame a su casa».

Continuando con las investigaciones, iniciadas en marzo de este año, los agentes identificaron a dos varones, uno de ellos administrador de varios canales, así como a un total de 27 víctimas, a las que habían grabado sin su conocimiento o que habían sufrido accesos ilícitos a sus dispositivos informáticos para el robo de imágenes.

La mayoría de estas víctimas, 13, residían en la ciudad de Logroño, aunque también se localizaron otros casos, uno en Albacete, otro en Guipúzcoa, tres en Navarra, uno en Palencia, cuatro en Soria, uno en Vizcaya y tres en Zaragoza.

Durante el transcurso de la investigación, los agentes han constatado que los detenidos llegaron a instalar sistemas de videovigilancia ocultos en pisos de estudiantes que compartían con algunas de las víctimas, en alojamientos utilizados durante viajes con amigos e incluso en viviendas particulares de otras afectadas aprovechándose de la confianza personal que mantenían con ellas.

De esta manera espiaban y grababan de forma continuada escenas de la vida privada más íntima, sin que las víctimas –algunas de ellas menores de edad en el momento de los hechos– sospecharan nada. Posteriormente, difundían esas grabaciones en grupos cerrados de mensajería instantánea.

En otros casos mantenían relaciones sentimentales con las víctimas para recurrir a videollamadas de contenido sexual y poder capturar pantallas o grabar las llamadas sin autorización, empleando aplicaciones externas diseñadas para registrar la actividad en pantalla sin que la otra persona lo supiera.

Las imágenes y vídeos de las víctimas eran clasificados en carpetas independientes, organizadas según varios criterios como el nombre de la víctima, su lugar de residencia o el tipo de relación que mantenía con cada una de ellas (amistosa, sentimental, académica). Además, se ha podido constatar que parte de este material fue intercambiado o vendido a terceros con fines personales o económicos.

A los detenidos se les atribuye los supuestos delitos de revelación de secretos, vinculados a graves vulneraciones del honor, la intimidad personal y el acceso ilícito a sistemas informáticos.