Archivo – El secretario de CC.OO de Castilla-La Mancha, Paco de la Rosa.

Publicado 7 Mar 2025 19:22

TOLEDO, 7

La dirección regional en Castilla-La Mancha de la central sindical CCOO ha sido denunciada ante la jurisdicción social por un supuesto caso de acoso laboral y por vulneración de derechos fundamentales en su entorno laboral, a una ex dirigente sindical.

Según ha reconocido el propio sindicato, a través de un comunicado, la existencia de una demanda laboral, fechada en el pasado mes de octubre, en la que la persona demandante «reclama una indemnización económica en desacuerdo con su cese a principios de año, y el consecuente regreso a su anterior puesto de trabajo».

Según CCOO, el cese de la demandante se produjo durante una reestructuración de las áreas de trabajo que «en todo momento una decisión ajustada a las normas de la organización». «Fue aprobada de forma democrática por las personas que integran la Ejecutiva Regional el 25 de enero de 2024, por mayoría de votos, con la abstención de la persona cesada y sin ningún voto en contra, tal y como se establece estatutariamente, y de acuerdo con las competencias establecidas», señalan en su comunicado.

El comunicado del sindicato llega tras la publicación por diversos medios de comunicación de la existencia de la demanda, presentada por la que fuese secretaria de Políticas Sociales, Agenda 2030 y Empleo, María Ángeles Castellanos, centrándose en la figura del actual secretario general de CCOO Castilla-La Mancha, Paco de la Rosa.

Los mismos medios también recogen que la demanda también está cursada contra el secretario de Organización de CCOO Castilla-La Mancha, Javier Ortega, y la secretaria de Diálogo Social, Institucional y Salud Laboral, Raquel Payo.

En el comunicado, CCOO también señala que en marzo de 2024 activó su protocolo de acoso sexual, tras una queja, y que, tras una investigación realizada por una comisión, se «descartó la existencia de indicios de acoso sexual y acoso por razón de sexo».

La central sindical ha advertido que «adoptará las acciones legales necesarias para garantizar el respeto a los derechos fundamentales de las personas que componen sus órganos de dirección, así como su imagen y reputación como primera organización sindical de la comunidad autónoma».

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