Desarticulado un grupo dedicado a regularizar extranjeros de forma fraudulenta en la provincia de Ciudad Real

CIUDAD REAL 12 Nov. –

La Policía Nacional ha destapado una red criminal que actuaba en diversas localidades de la provincia de Ciudad Real, logrando la detención de 10 personas, entre las que se encuentran los dos cabecillas de la organización. Este grupo estaba especializado en el favorecimiento de la inmigración ilegal regularizando extranjeros fuera de los cauces legales establecidos por la Oficina Extranjería (Subdelegación del Gobierno) y la Policía Nacional, ambos con exclusividad competencial para la documentación de las personas extranjeras en territorio nacional.

Las investigaciones llevadas a cabo por los agentes de Policía Nacional se iniciaron tras detectarse numerosa documentación falsificada en las tramitaciones de solicitud de residencia a ciudadanos de origen magrebí, según ha informado la propia Policía en nota de prensa.

Los dos máximos responsables realizaban tareas diferenciadas. Uno de ellos era el encargado de buscar víctimas a los que ofrecía un atajo no legal para tramitar sus solicitudes de residencia, mientras que el otro cabecilla, dedicado a la gestión empresarial, disponía de acceso directo a datos personales y firmas digitales de sus clientes y empresas que utilizaba para la realización de trámites no autorizados, confeccionando ofertas laborales, contratos de trabajo y altas en la Seguridad Social.

Las pesquisas policiales determinaron que la organización facilitaba contratos de trabajo fraudulentos además de altas en la Seguridad Social, todo ello a través de empresas reales con actividad económica en la provincia de Ciudad Real, sin el consentimiento de los legítimos propietarios de estas empresas.

Posteriormente, con esa oferta laboral o contrato de trabajo facilitaban la presentación, tramitación y obtención de una autorización de residencia y trabajo por arraigo sociolaboral de acuerdo con lo que estable la Ley de Extranjería y de ese modo se regularizaba automáticamente su situación administrativa en España.

La organización cobraba a cada solicitante un importe de entre 2.000 y 4.500 euros en efectivo por la tramitación administrativa fraudulenta, para así no dejar rastro del reparto del dinero.