Derecho a Morir Dignamente insta a la administración a dar a conocer este derecho: «Es el acto final de nuestra vida»

«Vivimos en una sociedad que tiene miedo a la muerte, una sociedad tanatofóbica. Sin embargo, es muy importante pensar en la muerte, porque es el acto final de nuestra vida». Así lo ha indicado la tesorera de la asociación Derecho a Morir Dignamente en Castilla-La Mancha, que ha pedido a la Administración autonómica un mayor esfuerzo a la hora dar a conocer este derecho.

Castillo ha realizado esta petición este miércoles en Toledo, ciudad elegida para la presentación de dicha asociación que, constituida el pasado mes de noviembre como tal, pretende «promover una cultura de la muerte digna, para que la buena muerte sea un valor social».

Y es que, según ha detallado en la rueda de prensa que ha ofrecido junto a la presidenta regional, Blanca Calvo, Castilla-La Mancha se sitúa a la cola en cuanto a número de solicitantes de voluntades anticipadas o testamento vital, ese escrito donde cada persona manifiesta su deseo sobre los cuidados sanitarios que recibirá en el futuro que, tras formalizarse ante un funcionario, notario o tres testigos, se inscribe en el Registro Autonómico.

«Si fuésemos a viajar a la Antártida seguramente pensaríamos bastante en cómo hacerlo. Pero el viaje de la muerte, que está asegurado para todos, no lo pensamos», ha lamentado la tesorera de Morir Dignamente, que ha dado cuenta de que en la Comunidad, tan solo el 5,93 de cada 1.000 habitantes han solicitado la Declaración de Voluntades Anticipadas, lejos de regiones como Navarra –32,50 por mil– o el País Vasco –27,72 por mil–.

Según ha detallado, hasta el 30 de junio de 2025, han sido un total de total 13.505 las personas de la región –4.587 hombres, 7.864 mujeres– que lo han solicitado: 3.571 en Albacete; 3.323 en Ciudad Real; 3.224 en Toledo; 2.134 en Guadalajara y 1.253 en Cuenca.

Por grupos de edad entre los 18 y los 30 años lo han suscrito un total de 309 personas; entre 31 y 50, 2.042; entre 51 y 65, 4.574 y a partir de los 65 años, 5.528.

Carrillo, que ha apuntado que en la región hay un total de 76 puntos de información y registro y oficinas habilitadas para poder oficializar dicho documento, ha animado a los castellanomanchegos a definir «su último viaje».

«Si estuviéramos en coma o tuviéramos problemas cognitivos, no podríamos solicitar la eutanasia si no lo hemos solicitado previamente en nuestro documento de voluntades anticipadas. Para tener una muerte digna, hay que pensarla. Hay que hacer uso de nuestros derechos y dejar por escrito y registrada nuestra voluntad», ha insistido.

De ahí que haya reclamado a la Administración un mayor esfuerzo para que la ciudadanía conozca mejor este derecho. «Nosotros como asociación desde luego estamos comprometidas en esta tarea, en darlo a conocer», ha concluido.

Mientras, la presidenta de la misma, Blanca Calvo, ha explicado que Muerte Digna, que ya cuenta con 113 socios en la región –10 en Cuenca,; 15 en Albacete; 23 en Ciudad Real; 30 en Toledo 30 y 35 en Guadalajara– decidió constituirse en asociación regional para tener mayor representatividad ante las autoridades sanitarias de la región, para vigilar que los centros de registro funcionen bien y para dar un apoyo directo y personalizado a todos los castellanomanchegos que encuentran problemas a la hora de registrar su declaración de voluntades anticipadas o gestionar su petición de eutanasia.

Para ello, según ha avanzado, la asociación contará en un par de semanas con un el teléfono 699-545-545, que les permitirá ofrecer una trato más personalizado.

En otro orden de cosas, Calvo ha detallado los datos regionales de eutanasia. Entre 2021 y 2023 se han ejecutado 19 de las 28 solicitadas. Si en ese año en que se aprobó la ley –2021– se solicitaron dos, en el 2022 la región registró 19 solicitudes –siete ejecutadas–, que ascendieron a 28 en 2023 –nueve ejecutadas–.

Sobre esa cuestión, además de pedir que se agilicen los plazos, la presidenta de Morir Dignamente en Castilla-La Mancha ha dado un tirón de orejas tanto al Ministerio como a los gobiernos regionales por la tardanza en publicar los datos. «No puede ser que estemos acabando 2025 y muchas comunidades autónomas no hayan presentado su memoria».

De igual modo, ha solicitado la creación de un registro de objetores y que la administración compense al personal sanitario que realice eutanasias, porque eleva su carga de trabajo.

Por último, ha demandado cambios legislativos que impidan la judicialización de la eutanasia, tras los casos de «Noelia y Francesc, ambos en Cataluña, donde una serie de personas que no tienen nada que ver con los peticionarios están haciéndoles la vida imposible, y nunca mejor dicho, porque ellos querrían haber terminado y no pueden».