Colectivos sociales acusan al Gobierno C-LM de «mantener bloqueado» el acceso al aborto en la sanidad pública

TOLEDO 15 Jun. –

La Plataforma en Defensa del Derecho al Aborto en la Sanidad Pública de Castilla-La Mancha, conformada por colectivos como Ágora Feminista de Albacete, Amnistía Internacional, Colectivo Sin Fronteras, Comisiones Obreras, CGT Alcázar, Feministas de Pueblo o Plataforma 8M de Toledo, han acusado al Gobierno de Castilla-La Mancha de «mantener bloqueado» el acceso al aborto en la sanidad pública pese a contar con personal sanitario dispuesto a prestar este servicio.

Además, en un comunicado, denuncian la «falta de transparencia» del Sescam y consideran «insuficiente» el plan anunciado por el gobierno regional para implantar la interrupción voluntaria del embarazo en hospitales públicos.

Las organizaciones firmantes de una carta dirigida al consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, han exigido respuestas claras sobre la situación real de la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) en Castilla-La Mancha y un calendario concreto para garantizar una prestación que, pese a estar reconocida por ley, sigue sin realizarse en la red sanitaria pública de la región.

Más de 25 colectivos sociales de la región han denunciado la «falta de transparencia» del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) tras recibir una respuesta que consideran «incompleta e insuficiente» a una reciente solicitud de acceso a información pública sobre la prestación de la interrupción voluntaria del embarazo en la comunidad autónoma.

Las entidades sostienen que la Administración regional sigue sin ofrecer datos fundamentales para conocer la situación real de este derecho sanitario, entre ellos el número de profesionales objetores de conciencia, las derivaciones realizadas fuera de la comunidad autónoma, los recursos disponibles en la red pública o las medidas concretas previstas para implantar la prestación en hospitales públicos o centros de salud.

«Resulta especialmente grave que, después de años justificando la ausencia de abortos en hospitales públicos por una supuesta objeción generalizada del personal sanitario, el Gobierno regional siga negándose a facilitar siquiera datos agregados sobre el número de objetores», señalan las organizaciones.

La plataforma recuerda que ninguna mujer puede acceder actualmente a una interrupción voluntaria del embarazo en ningún centro sanitario público de Castilla-La Mancha, una situación que consideran «incompatible» con «el espíritu y la letra» de la legislación estatal, que establece la obligación de garantizar esta prestación dentro del sistema sanitario público. Esta situación –aseguran– contrasta «drásticamente» con la situación de otras comunidades autónomas en las que la gran mayoría de interrupciones voluntarias del embarazo se realizan en centros públicos (en Cantabria, el 88,49%; Galicia, 77,02%; La Rioja, 76,11%; Navarra, 74,82%).

UN ANUNCIO SIN GARANTÍAS REALES

Los colectivos consideran que los anuncios realizados hasta la fecha por parte del Gobierno regional de incorporar la interrupción voluntaria del embarazo a la red sanitaria pública son «claramente insuficientes» y carecen de garantías reales de ejecución.

En particular, critican la propuesta inicial de habilitar un único centro de referencia para toda Castilla-La Mancha, una medida que consideran incapaz de resolver los problemas de accesibilidad que sufren las mujeres de una comunidad autónoma extensa y dispersa territorialmente.

A juicio de las entidades, concentrar toda la actividad en un solo hospital no solo obligaría a muchas mujeres a recorrer largas distancias, sino que además convertiría ese centro en objetivo permanente de los grupos antielección que –afirman– ya «hostigan» a pacientes y profesionales en algunos de los centros privados donde actualmente se realizan las intervenciones.

Las organizaciones también cuestionan que el Ejecutivo autonómico haya hablado de plazos de «meses o años» sin concretar fechas, recursos ni planificación.

«Con la red hospitalaria existente no existe ninguna razón que justifique concentrar la prestación en un único punto. Lo que debe hacerse es integrarla en las unidades de ginecología de los hospitales públicos, igual que ocurre con cualquier otra prestación sanitaria», sostienen. A su vez, reclaman la formación y capacitación de los equipos sanitarios para realizar esta actividad asistencial.

LOS PROFESIONALES DESMONTAN EL ARGUMENTO DE LA FALTA DE PERSONAL

La Plataforma en Defensa del Derecho al Aborto en la Sanidad Pública de Castilla-La Mancha subraya además que las recientes declaraciones de profesionales sanitarios del Sescam contradicen uno de los principales argumentos utilizados por la Administración regional durante años para justificar la ausencia de abortos en hospitales públicos.

Según testimonios publicados, existen médicos y médicas dispuestos a realizar interrupciones voluntarias del embarazo en la sanidad pública, pero denuncian obstáculos organizativos y decisiones internas que impiden poner en marcha el servicio. Los profesionales también han advertido de que la objeción de conciencia es un derecho individual y no puede convertirse en una objeción colectiva o institucional de servicios completos.

Para las organizaciones firmantes, estas declaraciones evidencian que el principal problema no es la falta de profesionales, sino la ausencia de voluntad política y de planificación sanitaria para garantizar el cumplimiento efectivo de la ley.

EXIGEN DATOS, CALENDARIO Y COMPROMISOS

Las entidades han solicitado formalmente una reunión con el consejero de Sanidad y reclaman la publicación de un calendario concreto para la implantación de la interrupción voluntaria del embarazo en hospitales públicos de todas las provincias de Castilla-La Mancha.

Asimismo, exigen que se hagan públicos los datos necesarios para evaluar la situación real de la prestación y que se adopten medidas efectivas para garantizar la protección de pacientes y profesionales frente a los actos de intimidación que continúan produciéndose en los centros donde actualmente se realizan las intervenciones.

«Después de más de quince años de vigencia de la ley y tres de su reforma, Castilla-La Mancha no puede seguir siendo una excepción. Las mujeres tienen derecho a acceder a esta prestación en su sanidad pública, cerca de su lugar de residencia y sin obstáculos añadidos. Lo contrario supone una vulneración de un derecho reconocido legalmente y una discriminación territorial que ya no admite más excusas», concluyen las organizaciones.