La Junta impulsará la creación de hasta 230 viviendas de alquiler asequible en edificios en desuso de Ciudad Real

CIUDAD REAL 29 Abr. –

La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha impulsará la creación de entre 200 y 230 viviendas, en su mayoría destinadas a alquiler asequible, en varios edificios administrativos de Ciudad Real que quedarán vacíos tras el traslado de los servicios de la Administración regional a la nueva Ciudad Administrativa.

A preguntas de los periodistas sobre qué harán con los inmuebles que la Junta deje vacíos en el centro de la capital, el vicepresidente segundo del Gobierno regional, José Manuel Caballero, ha explicado que el objetivo del Ejecutivo autonómico es evitar que estos edificios queden sin uso y, al mismo tiempo, dar respuesta a la demanda de vivienda en la ciudad, especialmente en régimen de alquiler asequible para jóvenes.

En este sentido, José Manuel Caballero ha detallado que ya se trabaja sobre varios inmuebles concretos, como el edificio de Nuevos Ministerios en la calle Alarcos, varios de la calle Paloma o el de la carretera de La Fuensanta, que albergarán estas nuevas promociones residenciales.

El vicepresidente ha avanzado que uno de los primeros edificios en los que se intervendrá será el de la calle Alarcos, donde se habilitarán entre 100 y 120 apartamentos de 80 metros cuadrados, con el objetivo de que estas viviendas puedan estar operativas en un plazo aproximado de dos años y medio.

Asimismo, ha indicado que el Plan de Vivienda que presentará el presidente regional, Emiliano García-Page, permitirá concretar y detallar algunas de estas actuaciones.

El vicepresidente segundo ha subrayado que este planteamiento se apoya en cambios normativos impulsados por el Gobierno regional, que han permitido crear una nueva tipología de vivienda, las denominadas «viviendas dotacionales», pensadas para dar respuesta a necesidades sociales y facilitar el acceso a un alquiler asequible.

Así, ha explicado que las modificaciones introducidas tanto en la Ley de Acompañamiento como previamente en la Ley de Simplificación han permitido reducir de forma significativa los plazos administrativos, de modo que trámites que antes podían prolongarse hasta tres años ahora pueden resolverse en un periodo de entre cuatro y seis meses.

Una vez completada la tramitación, ha añadido, se procederá a la licitación de los proyectos bajo un modelo de colaboración público-privada, con el fin de desarrollar estas actuaciones en los distintos inmuebles.