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Publicado 30 Jan 2026 14:00
El Juzgado de Instrucción número 3 de Puertollano (Ciudad Real) ha dictado un auto por el que se acuerda la inhabilitación cautelar y provisional para la tenencia y el cuidado de animales de las dos personas que aparecían como responsables de la finca en la que el Seprona de la Guardia Civil y la protectora de animales Huellas han rescatado más de 110 perros desde noviembre de 2024.
Según ha informado el Ayuntamiento de Puertollano en un comunicado, la resolución se enmarca en el procedimiento judicial abierto por un presunto delito de maltrato animal, y la medida tiene como objetivo prevenir la reiteración de conductas similares y garantizar la protección de los animales mientras continúa la instrucción del caso.
Según las mismas fuentes, el auto judicial tiene en cuenta antecedentes de hechos similares ocurridos el pasado año, protagonizados por las mismas personas. Asimismo, el Colegio Oficial de Veterinarios de Ciudad Real ha sido informado de esta resolución y ha recibido la indicación de comunicar cualquier intento de identificación de animales a nombre de las personas inhabilitadas.
Desde el Consistorio se recuerda que no existe en este momento una condena firme, «tratándose de una medida cautelar adoptada dentro de un procedimiento judicial en curso, con pleno respeto a la presunción de inocencia y a todas las garantías procesales».
El Ayuntamiento destaca «la labor fundamental de la Protectora Huellas, entidad profundamente implicada en todo el proceso y que, gracias a esta resolución judicial, culmina hoy el rescate de los perros que permanecían en las instalaciones».
La causa ha sido instruida por el Seprona de la Guardia Civil, tras una investigación desarrollada en coordinación con distintas administraciones públicas. «En este contexto, la Concejalía de Sanidad del Ayuntamiento de Puertollano ha mantenido una implicación activa, constante y técnica desde el inicio, elaborando diversos informes y participando directamente en las inspecciones realizadas», subraya el Consistorio.
Según el Ayuntamiento, en una inspección previa, el inspector de la Concejalía de Sanidad, desplazado al lugar tras recibir una alerta por una posible situación irregular, puso los hechos inmediatamente en conocimiento del Seprona, que confirmó que ya tenía abierta una investigación. Asimismo, y en cumplimiento del deber de colaboración interadministrativa, el Ayuntamiento solicitó la intervención de los servicios veterinarios de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para la valoración del estado de los animales.
Durante el mes de septiembre se llevaron a cabo dos actuaciones conjuntas de acceso a las instalaciones, en las que participaron la concejala de Sanidad, el inspector y personal técnico de la Concejalía, veterinarios de Salud Pública de la Junta y efectivos del Seprona. En dichas inspecciones, cada administración actuó dentro de su ámbito competencial, evaluando el estado de los animales y de las instalaciones, así como verificando la correcta identificación conforme a la normativa vigente.
«En ese momento, y ante la inexistencia de un informe veterinario que acreditara maltrato en los animales correctamente identificados, la Protectora Huellas únicamente pudo hacerse cargo de aquellos animales que carecían de identificación, ya que legalmente no podían considerarse abandonados los restantes sin el respaldo de un informe técnico; y esta circunstancia condicionó las actuaciones posibles en esa fase del procedimiento», recalca el consistorio.
El Ayuntamiento de Puertollano expresa su agradecimiento a la Justicia, al Seprona, a los profesionales veterinarios y a todas las entidades colaboradoras, y reitera su «rechazo absoluto» al maltrato animal, «así como su firme compromiso de seguir actuando con rigor técnico, coordinación institucional y pleno respeto al Estado de Derecho para garantizar la protección y el bienestar animal en el municipio».
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