El personal sanitario de Ciudad Real dice «basta ya» a las agresiones y pide medidas disuasorias para prevenirlas

Acusan a la Administración, que no dota de vigilantes los llamados «centros calientes», de ser por omisión cómplice de estas agresiones

Una treintena de profesionales sanitarios de Ciudad Real, convocados por el sindicato CSIF, se han concentrado este martes a las puertas de la Subdelegación del Gobierno para gritar «basta ya» a las agresiones sanitarias que el personal sanitario sufre «casi a diario» y pedir medidas «más contundentes» para prevenir esta situación.

La responsable de Sanidad del sindicato a nivel regional, Ana Isabel Fernández, ha lamentado que en la pasada semana se hayan producido tres agresiones denunciadas en la región y que «cada vez son más los profesionales que acuden con miedo a su puesto de trabajo».

Fernández ha advertido de que las agresiones, especialmente las verbales, se están normalizando hasta el punto de que muchas ya ni se denuncian.

Según ha detallado, en 2024 se registraron 384 agresiones en Castilla-La Mancha, aunque la cifra real sería mayor al no contabilizarse los ataques que no se comunican oficialmente.

Entre las causas, ha señalado la frustración de algunos usuarios por las listas de espera, «algo que no es responsabilidad del personal sanitario, que a menudo maneja agendas interminables para poder atender a todos los pacientes».

Desde CSIF han reclamado a la Administración que se implanten medidas disuasorias permanentes en los centros sanitarios, como vigilantes de seguridad, cámaras de videovigilancia o botones de pánico conectados con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Fernández ha criticado que el Centro de Salud II de Tomelloso, «uno de los más conflictivos de la provincia», se retirara el vigilante apenas un mes después de su incorporación, «cuando precisamente su presencia evitó nuevas amenazas o agresiones».

La responsable sindical también ha pedido que las agresiones no salgan «tan baratas» y que se endurezcan las penas.

Asimismo, ha rechazado que la respuesta a un ataque sea trasladar al profesional agredido, defendiendo que «en todo caso, a quien hay que vetar es al paciente o familiar que agrede».

Por su parte, el enfermero y delegado sindical de CSIF en Alcázar de San Juan, Alberto Rosales ha subrayado que el problema requiere un debate social y político, comparando la falta de recursos actuales con la ausencia de medios que se daba hace años frente a la violencia de género.

Asimismo, ha denunciado que la Administración, al no dotar de recursos activos como vigilantes de seguridad en los llamados «centros calientes», se convierte por omisión en cómplice de estas agresiones.

Rosales ha defendido que la Ley de Prevención de Riesgos Laborales obliga a garantizar la seguridad de los profesionales y que la no adopción de medidas supone una «doble agresión».

Por ello, ha reclamado que en los próximos Presupuestos de Castilla-La Mancha se incluya la partida necesaria para reforzar la seguridad en los centros de salud con mayor incidencia de agresiones.