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Publicado 24 Mar 2026 16:41
Pide que no se considere el uso de sistemas de videovigilancia en el interiores de las habitaciones de la Unidad de Hospitalización Breve de Albacete
El Defensor del Pueblo ha recomendado a la Consejería de Bienestar Social que impida la sanción disciplinaria de las conductas autolesivas que se produzcan en el Centro de Internamiento de Menores Infractores ‘La Cañada’, ubicado en Fernán Caballero (Ciudad Real).
Según el informe anual del Defensor relativo al año 2025, consultado por Europa Press, se demanda también que se garantice un abordaje preventivo y terapéutico de este tipo de conductas.
Del mismo modo, también propone que, cuando alguno de los internos esté cumpliendo la sanción de separación de grupo, los profesionales que visiten al niño, niña o adolescente suspendan, modifiquen o dejen sin efecto la sanción impuesta en el caso de que esté afectada su salud física o mental.
Por otro lado, demanda que se incorpore la variable de los antecedentes de intervención del sistema de protección de menores en la recogida de datos, a fin de integrar la historia de desprotección e institucionalización de los menores previa a su ingreso en el centro y, de esta forma, favorecer medidas de ajuste a sus circunstancias.
También sugiere que, al ingreso de los menores, se facilite en el centro documentación con información referente a los procedimientos de comunicación de situaciones de abuso o cualquier otro tipo de violencia en el centro.
Asimismo, pide que se incorpore en la gestión del centro la variable de población gitana a fin de diseñar programas mejor orientados y más efectivos para quienes se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad y adoptar las medidas oportunas para garantizar la efectividad de la intervención que se realiza con menores de etnia gitana, a la vista del «elevado número» y la circunstancia de «especial vulnerabilidad» de esta población.
El Defensor también apunta a que se arbitre en el centro un sistema de recogida de quejas adecuado, en el que el contenido de las mismas solo sea accesible a la Dirección del centro, y que los formularios estén disponibles sin tener que solicitarlo al personal del centro.
En cuanto a las infraestructuras, apunta a habilitar una zona distinta de la actual para los nuevos ingresos, así como diseñar los espacios necesarios que permitan la intervención psicoeducativa del equipo de profesionales en condiciones adecuadas y habilitar otra sala de visitas para que los menores y adolescentes puedan disfrutar de su derecho a tener visitas de familiares y otras personas sin restricciones.
Finalmente, en lo referente al personal, el Defensor del Pueblo solicita que se amplíe el horario de la profesional de Enfermería y el profesional de Medicina, a fin de proporcionar una mejor asistencia; y que todo el personal del centro con contacto habitual con menores reciba formación inicial y continua en materia de derechos de la infancia y la adolescencia.
El Defensor también ha emitido distintas sugerencia relativas al Complejo Universitario de Albacete, entre las que destacan que no se considere el uso de sistemas de videovigilancia en el interiores de las habitaciones de la Unidad de Hospitalización Breve por ser un contexto «especialmente sensible» en el marco de la protección a la intimidad.
De esta forma, indica que, en caso de excepcional necesidad, la medida deberá llevarse a cabo en una sala específica para ello y estar revestida de las correspondientes garantías legales.
El informe también demanda que, en tanto se toman medidas por parte de la administración competente para que no se realicen ingresos de menores en la unidad, se elabore un protocolo de ingreso específico en el que participen todas las categorías profesionales implicadas, de tal manera que se ofrezca la mayor garantía de calidad de cuidados y en condiciones de seguridad para los ingresos puntuales y para el personal.
Asimismo, se propone que se incluya en los objetivos estratégicos de la unidad el fomento de hábitos saludables diseñando programas específicos de deshabituación tabáquica y adquisición de estilos saludables de vida.
En este sentido, apuesta por que se prescriban parches de nicotina a las dosis adecuadas para los pacientes fumadores que lo soliciten por el mismo sistema que el resto de la medicación que reciben durante el ingreso.
De otro lado, también manifiesta la necesidad de que se garantice que «en ningún caso» sea posible el empleo de medidas restrictivas, como la contención habitacional, con finalidad disciplinaria o punitiva y que se disponga de un protocolo específico de prevención de la conducta suicida y las autolesiones.
Otras de las sugerencias que el Defensor del Pueblo ha emitido, relativas al Complejo Hospitalario de Albacete, son que se adapten los documentos y protocolos de la Unidad de Trastorno de la Conducta Alimentaria y que se consideren en los mismos los perfiles de ingresos más habituales, que son las personas menores de edad; o que se mejoren las condiciones de la Unidad de Custodia Hospitalaria y se revise su protocolo.
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