Alcázar acogerá el domingo una nueva protesta para exigir que la sanidad pública de C-LM garantice el derecho al aborto

Exigen a la Junta que concrete qué centros prestarán el servicio, cuándo, y cómo garantizará el acceso en todas las provincias

La Plataforma por el Derecho al Aborto en la Pública de Castilla-La Mancha saldrá a la calle el próximo domingo, 27 de septiembre, a las 12.30 horas en Alcázar de San Juan para volver a reclamar que «abortar es un derecho y la sanidad pública debe garantizarlo».

Bajo este lema, las organizaciones denuncian que «las mujeres de Castilla-La Mancha siguen encontrándose con una realidad difícil de entender: cuando necesitan interrumpir un embarazo, tienen que salir de la red sanitaria pública y ser derivadas a centros privados».

Una situación que no solo supone externalizar una prestación sanitaria que debería estar garantizada en la pública, sino que también introduce desigualdades en el acceso a un derecho, denuncian en nota de prensa desde la Plataforma 8-M.

Aseguran que «no todas las mujeres cuentan con las mismas posibilidades para desplazarse, asumir los gastos que pueda implicar, pedir permisos en el trabajo o contar con alguien que las acompañe».

Denuncian que l lugar en el que viven, especialmente si residen en una zona rural, su situación económica o sus circunstancias personales no pueden determinar las condiciones en las que van a poder ejercer su derecho a abortar.

«Las dificultades que genera este modelo afectan especialmente a las mujeres que se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad y pueden hacer que un derecho reconocido legalmente resulte mucho más difícil -o incluso imposible- de ejercer en condiciones de igualdad».

«NI PRIVATIZADO NI DERIVADO: ABORTO EN LA PÚBLICA»

Las organizaciones consideran que Castilla-La Mancha debe dejar atrás las soluciones de mínimos. «El anuncio de la creación de un centro público supone un avance, pero no es suficiente. Un único centro para toda Castilla-La Mancha no garantiza el acceso efectivo y en condiciones de igualdad a una prestación sanitaria que debe estar disponible cerca del domicilio de las mujeres. La solución no puede ser sustituir una dependencia de la sanidad privada por la dependencia de un único recurso público: necesitamos una red pública integrada en el Sescam y accesible en todas las provincias y áreas sanitarias».

En este sentido, la plataforma exigirá a la Junta que concrete qué centros prestarán el servicio, cuándo comenzará a prestarse, con qué profesionales y recursos y cómo garantizará el acceso en todas las provincias y áreas sanitarias.

«Los datos evidencian la dimensión del problema: en 2024, el 100% de las interrupciones voluntarias del embarazo realizadas en Castilla-La Mancha se practicaron en clínicas privadas. Además, alrededor del 60% de las mujeres que han decidido abortar en Castilla-La Mancha durante los últimos 15 años han tenido que desplazarse fuera de la región para poder ejercer su derecho».

La plataforma reclama también transparencia al Sescam. «Después de años de reivindicaciones, seguimos sin conocer con claridad cuántos profesionales objetan, qué recursos existen y cuándo se implantará de forma efectiva la prestación en la red pública».

Tampoco aceptan que la falta de profesionales siga siendo la explicación para no hacerlo. Las propias voces de profesionales sanitarios han puesto sobre la mesa que hay profesionales dispuestos a realizar interrupciones voluntarias del embarazo.

«La objeción de conciencia es un derecho individual de los profesionales, no una objeción de los servicios, unidades o centros sanitarios. La Administración tiene la obligación de organizar el sistema de manera que el ejercicio individual de ese derecho no impida ni retrase el acceso efectivo y oportuno de las mujeres a la prestación».

Además, la Administración debe garantizar también la protección efectiva de las mujeres y del personal sanitario frente al acoso y la intimidación en los centros donde se practican las interrupciones voluntarias del embarazo. «Ejercer un derecho sanitario no puede implicar enfrentarse a campañas de presión, señalamiento o coacción».

«Lo que hace falta es planificación, recursos y voluntad política para que no se penalice cumplir con tu función si no deseas ser objetor/a de conciencia».

Sostienen que cuando un derecho reconocido por ley solo puede ejercerse recurriendo a la sanidad privada, pagando desplazamientos o saliendo de tu entorno, ese derecho no está siendo garantizado en condiciones de igualdad.

Por eso, desde la Plataforma exigirá al Gobierno de Castilla-La Mancha una red pública de IVE en todas las provincias; un calendario concreto y público para la implantación de la prestación; recursos y profesionales suficientes, garantizando que la objeción de conciencia individual no impida ni retrase el acceso y transparencia y datos públicos sobre profesionales objetores, recursos disponibles, derivaciones y prestación realizada dentro y fuera de la región.