Abogados y Procuradores de Tomelloso denuncian que la situación de la justicia en la localidad es «insostenible»

CIUDAD REAL 6 Nov. –

El Colectivo de Abogados y Procuradores del Partido Judicial de Tomelloso ha denunciado públicamente la situación que atraviesa el servicio de justicia en la localidad, que considera «insostenible» y próxima a un «punto de no retorno».

Lo ha hecho en encuentro con los medios de comunicación celebrado en el Ayuntamiento, que ha cedido su sala de prensa para esta comparecencia, en la que Cortes Cano, portavoz del colectivo, ha expuesto las principales carencias que afectan al funcionamiento de los órganos judiciales y las reivindicaciones que vienen trasladando desde hace tiempo a las administraciones competentes, según ha informado el Consistorio tomellosero en nota de prensa.

El alcalde, Javier Navarro, ha asistido para escuchar las reivindicaciones del colectivo, que ha agradecido al Ayuntamiento la cesión de sus instalaciones para comparecer ante los medios de comunicación.

«Lo que venimos a denunciar es el hundimiento, el claro hundimiento de la justicia en Tomelloso», ha afirmado Cortes Cano, quien ha subrayado que se trata de una situación que «nos preocupa, nos ocupa y nos desvela». La portavoz ha advertido de que uno de los pilares básicos del Estado de Derecho, la Administración de Justicia, «aquí, ahora mismo, está quebrado».

El colectivo atribuye buena parte del agravamiento de esta situación a la implantación de la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, que, en palabras de Cortes Cano, «no es que no haya cumplido con ese título tan elocuente de eficiencia, sino que ha sido justo precisamente lo contrario, es absolutamente ineficaz».

A juicio del colectivo la reforma ha incrementado los retrasos en la tramitación de los procedimientos y ha llevado al sistema judicial a una situación de bloqueo. «Si antes la justicia era lenta, ahora ya no es lenta, está totalmente paralizada», ha señalado Cortes Cano.

Entre las principales deficiencias ha señalado la falta de personal, con bajas y vacantes «que permanecen sin cubrir durante meses y que cuando se cubren se recurre a personas sin experiencia previa en la Administración de Justicia y sin una formación inicial o tutorización suficiente», lo que obliga a otros funcionarios a dedicar tiempo a enseñarles y ralentiza todavía más el trabajo.

A esta situación se suman, según ha explicado, las carencias de medios materiales e informáticos, los cambios continuos en los programas de gestión y, especialmente, los problemas organizativos derivados de la nueva estructura judicial. La transformación de los tres juzgados de Tomelloso en un único Tribunal de Instancia ha supuesto, según el colectivo, «la mezcla de todos los procedimientos y su redistribución entre los funcionarios, sin que se hayan establecido criterios estables de reparto».

Cortes Cano ha explicado que estos cambios constantes provocan que los trabajadores tengan que retomar y revisar procedimientos que antes gestionaban otros compañeros, con la consiguiente pérdida de tiempo y continuidad. Una «inestabilidad» que, según ha denunciado, afecta tanto a los profesionales como a los ciudadanos, que no saben a qué funcionario dirigirse para conocer el estado de sus asuntos.

RETRASOS QUE AFECTAN DIRECTAMENTE A LOS CIUDADANOS

La portavoz ha ilustrado las consecuencias de esta situación con distintos ejemplos, con procedimientos que permanecen meses sin avanzar entre un trámite y otro, denuncias que pueden llegar a prescribir por falta de impulso, señalamientos judiciales que no aparecen en las agendas y juicios a los que los profesionales acuden con sus clientes para descubrir que no están anotados.

También ha puesto el foco en las demoras en la entrega de cantidades depositadas en las cuentas de consignaciones judiciales, incluso cuando corresponden a indemnizaciones por accidentes, así como en las pensiones de alimentos que, pese a estar embargadas y acumuladas en las cuentas del juzgado, tardan en llegar a sus destinatarios. A ello se añaden los retrasos en la ejecución de sentencias, que prolongan durante años la obtención de una respuesta efectiva.

Otro de los problemas estructurales señalados por el colectivo es la existencia de dos sedes judiciales, en las calles Cervera y Pintor Francisco Carretero. Una dispersión que, según ha explicado la portavoz, dificulta la organización diaria, genera desplazamientos innecesarios entre dependencias y agrava la falta de espacio.

También ha denunciado la inexistencia de calabozos en ambas dependencias, lo que obliga a la Guardia Civil a trasladar a los detenidos de uno en uno y mantenerlos en espacios sin las condiciones adecuadas de seguridad e intimidad.

Cortes Cano ha recordado la histórica reivindicación de un edificio judicial propio para Tomelloso. Ha señalado que, pese a las sucesivas cesiones de suelo por parte del Ayuntamiento y a que el proyecto ha figurado en anteriores previsiones presupuestarias del Gobierno central, no se ha materializado la dotación económica necesaria para su construcción.

REFUERZOS, ESTABILIDAD ORGANIZATIVA Y UN CUARTO JUZGADO

Tras exponer las deficiencias, el colectivo ha planteado una serie de medidas que considera necesarias y urgentes para revertir la situación. En primer lugar, reclama que se cubran las bajas y vacantes y que el personal que se incorpore reciba una formación previa, proponiendo la realización de cursos de al menos quince días y una tutorización adecuada de los nuevos trabajadores

Una de las principales reivindicaciones es la puesta en marcha de un refuerzo específico para el partido judicial de Tomelloso, integrado por un juez, un Letrado de la Administración de Justicia (LAG) y al menos dos o tres funcionarios que se dediquen exclusivamente a descongestionar los procedimientos acumulados y normalizar la actividad. Cortes Cano ha insistido en que este refuerzo debería mantenerse durante el tiempo necesario hasta recuperar unos niveles de funcionamiento aceptables.

El colectivo reclama igualmente una presencia fiscal permanente en Tomelloso, ya que actualmente se depende de la adscripción de Manzanares y el establecimiento de criterios estables de reparto de asuntos entre los funcionarios, de manera que no se produzcan cambios continuos en la asignación de procedimientos y tanto profesionales como ciudadanos sepan dónde dirigirse.

Por último, ha vuelto a exigir que se impulse la construcción del edificio judicial comprometido para la localidad y que, mientras esta infraestructura no sea una realidad, se busque una solución provisional que permita unificar las dos sedes actuales, con el apoyo y la colaboración de las administraciones implicadas, incluida la local.