CISNS aprueba criterios para distribuir 39 millones para acciones del Plan de Salud Mental y casi 18 en suicidio

Basados en orientación comunitaria, garantía de Derechos Humanos y equidad

El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) celebrado este viernes de manera ‘online’ se ha saldado con la aprobación de los criterios para la distribución de 39 millones de euros destinados a la realización de acciones contempladas en el ‘Plan de Acción de Salud Mental’ y de 17,83 millones para actuaciones de prevención del suicidio durante este año.

Este encuentro entre el Ministerio de Sanidad y los consejeros del ramo de las comunidades autónomas, que ha estado presidido por la titular del primero, Mónica García, ha servido para dar, de esta manera, luz verde a estos principios de reparto y aplicación de los fondos. Para acceder a los mismos, los Gobiernos regionales y el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) «deberán presentar memorias técnicas y económicas de los proyectos», ha señalado este departamento ministerial.

Estos documentos deberán incorporar «de manera obligatoria» criterios relacionados «con la orientación comunitaria, la garantía de Derechos Humanos y la equidad», ha continuado, para añadir que la primera «se define como un enfoque que sitúa a la persona en su entorno social, familiar y comunitario, teniendo en cuenta factores biológicos, psicológicos, sociales, culturales y económicos».

En este contexto, ha explicado que «los proyectos podrán desarrollarse mediante intervenciones individuales y familiares, actuaciones grupales o iniciativas coordinadas con recursos y agentes comunitarios». Así, entre las actuaciones que podrán financiarse se incluyen «el fortalecimiento de centros de día, equipos móviles de atención comunitaria, programas de hospitalización domiciliaria y proyectos de intervención en barrios y entornos comunitarios», ha aclarado.

Tras manifestar que, por contra, «no se financiarán proyectos centrados exclusivamente en el aumento de camas o en reformas estructurales de hospitales de media y larga estancia», ha subrayado que, «en relación con los Derechos Humanos, los proyectos deberán garantizar la dignidad, la autonomía personal y el consentimiento informado de las personas usuarias, en línea con estándares internacionales, como el instrumento ‘QualityRights’ de la Organización Mundial de la Salud (OMS)».

«Asimismo, se contemplan actuaciones dirigidas a la reducción de contenciones mecánicas, el desarrollo de modelos de ‘puertas abiertas’ en dispositivos de hospitalización y la incorporación de mecanismos de evaluación participativa por parte de las personas usuarias y sus familias», ha continuado, tras lo que ha agregado que «no podrán financiarse actuaciones que promuevan prácticas coercitivas o restrictivas de derechos».

PRIORIZAR COLECTIVOS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD

El Ministerio se ha referido, también, al criterio de equidad, sobre el que ha explicado que «las actuaciones deberán orientarse a la reducción de desigualdades sociales en Salud Mental y priorizar colectivos en situación de vulnerabilidad, entre ellos personas en situación de ‘sinhogarismo’, menores en el sistema de protección y mujeres víctimas de violencia de género».

El otro acuerdo alcanzado en esta sesión del CISNS ha sido el relativo al suicidio, ámbito en el que ha puesto de manifiesto que «los proyectos deberán incorporar actuaciones dirigidas a poblaciones de alto riesgo y mecanismos de evaluación que permitan analizar los resultados desde una perspectiva de equidad».

Junto a ello, se ha informado de que también se incorporan «criterios de excelencia» para «la identificación de buenas prácticas dentro del SNS». «Entre ellos figuran la participación activa de usuarios y familiares en la toma de decisiones, el trabajo intersectorial sobre determinantes sociales de la salud y la incorporación de expertos por experiencia en el diseño, implementación y evaluación de proyectos», ha enumerado.

«También se valorarán actuaciones que incluyan mecanismos estables de coordinación entre ámbitos como Sanidad, servicios sociales, vivienda, empleo o educación», ha proseguido esta cartera gubernamental, que ha concluido recordando que los fondos establecidos «forman parte de las actuaciones impulsadas en el marco de la ‘Estrategia de Salud Mental 2022-2026’ y de los planes de acción aprobados para Salud Mental y prevención del suicidio».