Castilla-La Mancha solo realiza un 0,1% de abortos en centros públicos según un informe del Ministerio de Sanidad

Solo Cantabria, Galicia, La Rioja, Navarra y Cataluña superan el 50% de abortos en centros públicos

El Ministerio de Sanidad ha presentado el informe 2015-2024 sobre la interrupción voluntaria del embarazo (IVE), un documento que evalúa la evolución y situación actual de esta prestación sanitaria en el sistema público de salud, donde queda patente la desigualdad territorial en la realización de abortos en centros públicos, ya que solo Cantabria (88,5%), Galicia (77%), La Rioja (76,1%), Navarra (74,8%) y Cataluña (55,1%), superan el 50% de intervenciones realizadas en centros públicos.

«El informe recuerda por qué es clave que el aborto se lleve a cabo en nuestra sanidad pública. En primer lugar, para evitar en la que no sólo las comunidades paguen a clínicas privadas para que realicen los abortos, sino que cuando a una mujer se la expulsa de nuestro sistema público, tiene que buscar fuera esta prestación, que es una prestación que tenemos en nuestra cartera de servicios y es un derecho de las mujeres. En segundo lugar, porque queremos garantizar la libertad de elección de las mujeres», ha señalado la ministra de Sanidad, Mónica García, en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros.

En cuanto al resto de comunidades autónomas: Baleares (45,4%), Canarias (28,6%), Castilla Y León (15,5%), Comunidad Valenciana (10%), País Vasco (4,3%), Asturias (3%), Aragón (2,3%), Murcia (0,9%), Madrid (0,5%), Andalucía (0,2%), Castilla-La Mancha (0,1%), y Extremadura y las Ciudades de Ceuta y Melilla con 0 por ciento.

«Cuatro de cada cinco abortos en España se sigue haciendo en la privada y basta con que Madrid y Andalucía alcancen el nivel de las comunidades autónomas más avanzadas para que de un salto histórico cuantitativo», ha afirmando, al explicar que estas comunidades engloban casi el 50% de todas las interrupciones voluntarias del embarazo, «lo que significa que juntas suponen 4 de cada 10 abortos en nuestro territorio».

En 2024, se realizaron 106.172 interrupciones voluntarias del embarazo en España. De estas, 22.563 (21,25%) tuvieron lugar en centros públicos, mientras que 83.609 (78,75%) fueron realizadas en centros privados. Esta proporción representa un aumento de casi 7 puntos respecto al 14,3% registrado en 2019, lo que supone un incremento relativo del 50% en la presencia de la red pública en esta prestación.

El método farmacológico fue el predominante en las comunidades con mayor proporción de IVE en centros públicos, como Cantabria (86,4%), Navarra (76,5%), La Rioja (68,2%) y Galicia (68,1%), lo que ha favorecido su implementación en el sistema público por su menor complejidad logística. En cambio, en comunidades donde la prestación recae mayoritariamente en centros privados, como Andalucía y Madrid, predomina el método quirúrgico, utilizado en el 86% y el 94% de los casos respectivamente.

Según el informe, esta divergencia evidencia cómo el modelo de atención condiciona no solo el acceso a la prestación, sino también el tipo de procedimiento disponible para las mujeres, influyendo directamente en su experiencia asistencial y autonomía en la toma de decisiones. «Tenemos que encontrar esa garantía de que las mujeres tengan un acceso más fácil y más equitativo a la interrupción voluntaria del embarazo», ha señalado la ministra.

El informe advierte que mantener la interrupción voluntaria del embarazo fuera de la sanidad pública supone una doble privatización: por un lado, relega el aborto al ámbito de lo íntimo e individual, y por otro, lo desvincula del Sistema Nacional de Salud al depender de proveedores privados. Esta situación refuerza el estigma, invisibiliza la prestación y debilita el principio de universalidad que caracteriza al sistema público.

Además, «la falta de circuitos hacia centros públicos limita la libertad de elección de las mujeres», al condicionar el acceso al tipo de oferta disponible más que a sus derechos. La ruptura de la continuidad asistencial es otro efecto relevante: muchas mujeres deben abandonar su entorno sanitario habitual cuando requieren una IVE, lo que fragmenta su atención y afecta especialmente a los casos clínicos más sensibles.

Finalmente, el informe subraya la paradoja entre la información y la práctica, ya que la mayoría de las mujeres son informadas sobre la IVE en centros públicos, pero el procedimiento se realiza en su mayoría en centros privados.

«Centralizar garantiza que hay protocolos homogéneos, pero también es verdad que obliga a desplazarse a las mujeres; Y descentralizar acerca a la atención, pero a veces cuesta mantener el mismo estándar y los mismos protocolos», ha explicado García.

Aunque no hay sistemas «perfectos», ha señalado la titular de Sanidad, lo cierto es que el informe manifiesta que existen «incoherencias» que revela la necesidad de reforzar la capacidad del Sistema Nacional de Salud para ofrecer una respuesta integral, pública y equitativa en materia de salud sexual y reproductiva», señala el informe.

«Las buenas prácticas ya están identificadas, gestionar bien la objeción de conciencia, acercar el servicio al territorio, usar el método farmacológico en las fases tempranas, garantizar la libertad de elección y también garantizar que los casos avanzados se atiendan en la red pública», ha señalado.

Entre las principales medidas que resalta el informe figuran la implantación y actualización de los registros de objetores de conciencia en todas las comunidades autónomas y la presencia de equipos no objetores en todos los niveles del Sistema Nacional de Salud, con el fin de asegurar la prestación pública efectiva.

Asimismo, se impulsa la normalización de la IVE como una prestación más del SNS, mediante protocolos homogéneos, formación específica y circuitos asistenciales coordinados. El informe también destaca la importancia de fomentar el método farmacológico en la red pública por su eficacia, seguridad y facilidad de implantación, siguiendo el modelo de comunidades como Cantabria, Navarra, Galicia o La Rioja.

Finalmente, se plantea establecer mecanismos de seguimiento y evaluación comunes entre comunidades y promover la formación del personal sanitario en salud sexual y reproductiva, con enfoque de derechos y de género.

En definitiva, ha concluido la ministra, «el reto ahora mismo es extender estas prácticas a las comunidades rezagadas, especialmente a aquellas que concentran más abortos para poder cumplir la ley, para poder garantizar la equidad».