Cámara de Cuentas C-LM ve margen de mejora en control contable pero cree que la estrategia de restructuracion es eficaz

El presidente de la Cámara de Cuentas de Castilla-La Mancha, Fernando Andújar, ha presentado este martes ante las Cortes regionales el Informe de Fiscalización de la Cuenta General de la Junta correspondiente al año 2022, en el que destaca, como «debilidad» del sistema de la Administración autonómica, que el control contable «existe, pero no alcanza el nivel deseable» y tiene un margen de mejora «amplio», aunque ha puesto en valor que el mismo sigue «una estrategia de contención y reestructuración eficaz».

Así lo ha puesto de manifiesto Andújar este martes durante su comparecencia en la Comisión de Economía y Presupuestos del Parlamento autonómico, sesión que ha comenzado con un minuto de silencio en honor a los fallecidos por el accidente ferroviario ocurrido este domingo en Adamuz (Córdoba).

Andújar ha destacado que mientras las obligaciones reconocidas netas fueron 12.331,513 millones de euros, con un grado de ejecución del 90% sobre los 13.749,538 previstos, las de gastos fueron de 11.819,777 millones, con un 86% de ejecución sobre la previsión de 13.749,58 millones de euros.

Abundando en las «debilidades» detectadas por la Cámara de Cuentas en el año 2022, ha manifestado que la Administración autonómica «no dispone de un documento de riesgos que identifique amenazas y controles», y tampoco existe una conexión automatizada entre los sistemas de información tributaria Greco y Tarea.

Del mismo modo, incide en que «no se han implementado auditorías formales sobre algunas aplicaciones digitales», poniendo como ejemplo el punto general de entrada de facturas electrónicas. Asimismo, ha destacado también la falta de auditorías informáticas.

En cuanto a las fortalezas, ha remarcado que la mayor parte de los pagos a proveedores se realiza por debajo de los 30 días legales, pasando de los 21 días del ejercicio de 2021 a los 19,54 de 2022.

Igualmente, ha considerado que los datos de ejecución tanto de ingresos como de gastos reflejan que «a pesar de las deficiencias técnicas, la maquinaria presupuestaria sigue funcionando».

Una vez realizado este diagnóstico, Fernando Andújar ha expuesto las 28 recomendaciones que el Tribunal de Cuentas castellanomanchego realiza a la Administración autonómica para su mejora, aconsejando, entre otras cuestiones, que desarrolle un sistema de seguimiento para controlar la efectiva puesta en marcha de las entidades creadas «con el objeto de agilizar el inicio de sus actuaciones y, en caso de retraso significativo, evaluar si continúan persistiendo las razones que justifican su creación».

Andújar también ha recomendado que se efectúen las modificaciones normativas oportunas para adelantar el plazo de rendición de la Cuenta General a 30 de junio del año siguiente al que se refieran, con el objetivo de agilizar esta rendición de cuentas, ya que el plazo actual acaba a finales de octubre.

El presidente de la Cámara de Cuentas también demanda a la Intervención de la Administración regional que publique toda la normativa, instrucciones y circulares aplicables en su página web, ya que «facilita a los propios funcionarios, a los propios ciudadanos y a nosotros como Cámara que haya un control de lo que está vigente». Igualmente pide a la Intervención que reduzca los plazos de ejecución del control financiero permanente.

Por otra parte, ha propuesto que se certifique la aplicación del punto general de entrada de facturas y que se desarrollen los procedimientos necesarios para hacer efectiva la supervisión continua y la eficacia de las entidades dependientes de la Administración castellanomanchega.

También ha recomendado a la Consejería de Hacienda una distribución de los beneficios fiscales por políticas, «fijando objetivos y un sistema de seguimiento de estos». Se aconseja, de igual modo, informar sobre los beneficios fiscales en la memoria, ya que cada vez que se establece un objetivo fiscal «estamos detrayendo potencialmente ingresos al erario público».

Asimismo, Andújar también ha señalado al departamento dirigido por Juan Alfonso Ruiz Molina la recomendación de implantar un sistema contable que permita la determinación del grado de ejecución y del grado de financiación de todos los gastos.

Finalmente, Andújar ha hecho un último bloque de recomendaciones entre las que se encuentran llevar un control más exhaustivo de la Tesorería, realizar un proceso de depuración de los deudores presupuestarios con mayor antigüedad, realizar un procedimiento «lo más ajustado posible» de elaboración de la Cuenta General, regular el contenido y estructura del informe de impacto de género que acompaña a la Ley de Presupuestos o hacer que todos los organismos autónomos y entidades de derecho público realicen informes de seguimiento.

Del lado de Vox, el diputado Francisco José Cobo ha criticado la «opacidad» a la hora de conocer aspectos como «los costes directos e indirectos de lo que supone la inmigración ilegal».

Del mismo modo, ha lamentado que el modelo de gestión del PSOE lleva a la región «a la situación que tenemos, con una deuda imparable», apuntando que la cuenta de 2022 también contenía «beneficios fiscales opacos» ya que «no se desglosan los beneficios fiscales» de las políticas públicas.

«Eso es grave, es un riesgo real, se renuncia a ingresos sin saber a quién benefician, sin medir su impacto y sin rendir cuentas. Eso no es política fiscal», ha apuntado.

Mostrando el punto de vista del PP, el parlamentario Santiago Serrano ha puesto el foco en la ejecución presupuestaria, considerando que el 86% de ejecución en el capítulo de gastos es «manifiestamente mejorable».

«Lo que contrasta aquí es que tenemos una Comunidad Autónoma que no solamente fríe a impuestos a los ciudadanos sino que, además, es profundamente ineficaz desde el punto de vista tributario», ha expuesto.

Pero también ha tenido críticas para la ejecución presupuestaria de gastos de los capítulos del presupuesto que corresponden a consejerías como Fomento, Economía, Empresas y Empleo o Desarrollo Sostenible, «que no alcanzan el 65%», razonando que estos datos ponen en duda «una de las máximas que siempre repite el consejero, que son unos presupuestos profundamente inversores».

Finalmente, la diputada del PSOE Silvia Fernández ha considerado, en su intervención, que este informe demuestra que el Gobierno regional va «en la dirección correcta» y que la decisión de dotarse de un órgano propio de fiscalización «ha sido plenamente acertada».

Fernández ha vislumbrado este informe como «una oportunidad para avanzar, para corregir y consolidar una nueva etapa de mayor rigor, transparencia y mejora continua en la gestión».

Además, la diputada socialista ha recordado que las recomendaciones del Tribunal de Cuentas conllevan «modificaciones normativas y legislativas que no son inmediatas y se alargan en el tiempo», asegurando que no tiene dudas de que el Gobierno seguirá atendiendo dichas propuestas.