C-LM, una de las CCAA que no cuenta con espacios funerarios islámicos según un informe de Entierro Digno

MADRID/TOLEDO 22 Oct. –

Un informe elaborado por la Asociación Entierro Digno advierte que Castilla-La Mancha no cuenta en la actualidad con ningún espacio funerario islámico.

Según el informe, España cuenta con 14 espacios funerarios islámicos con capacidad verificada de los 44 catalogados en todo el país. Así, en el documento advierte de un «vacío de datos» institucional respecto a una comunidad que roza los 1,99 millones de personas, ya que en más del 70% de los recintos existentes las administraciones no publican la cifra de plazas o sepulturas libres.

En este sentido, indica que, pese a que el marco normativo reconoce el derecho a una sepultura «digna sin discriminación religiosa» desde hace más de cuatro décadas, menos de 50 de los 8.131 municipios españoles «han cumplido».

Actualmente, junto a Castilla-La Mancha, otras dos comunidades autónomas, Extremadura y Cantabria, carecen por completo de cualquier tipo de espacio islámico en sus cementerios. Por su parte, la Comunidad de Madrid tiene dos espacios catalogados, pero ninguno ofrece plazas operativas actualmente, al encontrarse el recinto de Griñón colmatado y el de Carabanchel proyectado pero sin ejecutar.

Entre las aportaciones metodológicas del informe resalta el hallazgo de que la demanda funeraria real es un 33% superior a los fallecimientos directos registrados. Frente a las 6.739 defunciones contabilizadas al año, la entidad calcula en 8.984 las inhumaciones anuales obligatorias.

Esta discrepancia obedece a cuatro categorías de restos biológicos que el rito islámico exige enterrar y que la normativa sanitaria clasifica de forma genérica como «residuo sanitario» para incineración: amputaciones mayores (1.155 casos anuales), restos quirúrgicos reconocibles (772), fetos de segundo y tercer trimestre (317) y mortinatos o neonatos, uno.

Tras analizar 41 hospitales de referencia en España, los autores del estudio constataron que ninguno cuenta con un protocolo específico verificado para atender esta solicitud.

A este escenario se suma el factor demográfico. La primera gran generación de migrantes musulmanes afincada en España tiene en la actualidad entre 45 y 65 años, por lo que el informe proyecta que la demanda de enterramientos se disparará entre los años 2030 y 2035. La organización subraya, además, que no se trata de una demanda migratoria puntual, dado que alrededor de un tercio de la población islámica residente cuenta con la nacionalidad española de pleno derecho (cifra que alcanza del 55% en Ceuta y Melilla).

El informe también revela que la escasez de plazas operativas obliga a las familias a hacer desplazamientos medios de 79 kilómetros hasta el cementerio islámico más cercano, trayecto que se eleva a una media de 96 kilómetros en los municipios que carecen de recinto propio y que ha llegado a registrar picos de hasta 356 kilómetros.

DESDE LOS 800 EUROS EN CEUTA A LOS 4.850 EN MADRID

Asimismo, la entidad calcula en 17,7 millones de euros al año la carga económica agregada que asumen las familias para poder sepultar a sus allegados. El coste de un primer enterramiento oscila según la región: mientras que en Ceuta y Melilla se sitúa en torno a los 800 euros, en la Comunidad de Madrid se incrementa hasta una media de 4.850 euros.

De la misma manera, la Asociación señala que en España existe un espacio funerario por cada 60.500 personas de confesión musulmana, una ratio que duplica la de países como Francia (un recinto por cada 28.500 personas) o el Reino Unido (uno por cada 27.900). El análisis sitúa la cobertura española debajo de la de Italia –donde se registra un espacio por cada 116.000 personas– y muy alejada de las cifras de otros países europeos como Alemania (uno por 41.700), Bélgica (uno por 20.000) o Países Bajos (uno por 16.700).

Finalmente, Entierro Digno reclama fijar un calendario compartido de adaptación normativa autonómica para autorizar el entierro en tierra por motivos religiosos, trazar un mapa de inversión prioritaria para financiar nuevas parcelas donde el déficit de desplazamiento de las familias sea mayor y poner en marcha un registro público nacional de capacidad y disponibilidad real de plazas confesionales.