C-LM espera rematar en marzo su demanda contra el Gobierno para reclamar las nuevas reglas del Tajo-Segura

El Gobierno de Castilla-La Mancha continúa trabajando en la documentación que acompañará a la demanda que presentará contra el Gobierno de España para reclamar la publicación y aprobación de las nuevas reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura, y que calcula que podrá elevar a Consejo de Gobierno en el mes de marzo, una vez se rematen los «argumentos jurídicos, técnicos y ambientales» que la acompañan.

«Espero que todos estos estudios estén finalizados a lo largo del mes de marzo y que podamos elevar al Consejo de Gobierno la decisión de presentar esta demanda y que lo antes posible se presente», ha afirmado la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, en una entrevista a Europa Press.

Defiende la consjera que no se han mejorado las reglas de explotación del trasvase de Tajo-Segura, «nada más que en pequeñas cuestiones», y critica la «merma de recursos hídricos necesarios para los entornos asociados a la Red Natura 2000».

En su demanda, el Gobierno de Castilla-La Mancha exigirá que se cumpla lo que se recoge en la disposición final del Real Decreto del 2023, donde se aprobaba la planificación hidrológica de la cuenca del Tajo y del resto de demarcaciones hidrográficas.

Ese punto «decía que en el plazo de un año se tenía que haber presentado al Consejo Nacional del Agua una propuesta de modificación de las reglas de explotación», un plazo que «se acabó en febrero del año 2024».

«Hemos sido muy pacientes, hemos hecho distintas aportaciones al Gobierno de España para ver cómo se podrían mejorar esas reglas de explotación, teniendo en cuenta que se pretende seguir manteniendo el trasvase», ha afirmado Gómez.

Ha dejado claro que el Gobierno de Castilla-La Mancha no pretende que se acabe con el trasvase, sino que se gestione de «una forma diferente» y que cumpla criterios de sostenibilidad, beneficiando a la cuenca cedente, no solo en materia de abastecimiento, sino también en materia de necesidades hídricas para la protección de los entornos naturales.

Lamentan «el inmovilismo» del Gobierno nacional en este punto y tiene la esperanza que se haga «una propuesta por parte del Estado de modificación de esas reglas», antes de materializar esta demanda.

«Como no parece que esa vaya a ser la situación, evidentemente nosotros no vamos a cejar en el empeño y por supuesto presentaremos esa demanda», ha avisado.

Respecto a la capacidad energética de la región, Castilla-La Mancha supera ya los 17.669 megavatios –el 88 por ciento se corresponde con energía renovable–, 13 puntos por encima de la media de España en la generación de energía renovable, ocupando la tercera posición en producción a nivel nacional.

En materia de autoconsumo, Castilla-La Manca ocupa la quinta posición, con 945 megavatios instalados y más de 54.000 instalaciones de autoconsumo dadas de alta en la Comunidad autónoma.

A tenor de estos datos, la titular de Desarrollo Sostenible ha defendido que Castilla-La Mancha tiene «al alcance de la mano poder utilizar la energía renovable» pero cuenta con una «deficiencia importante estructural»: no cuenta con subestaciones eléctricas que permitan su distribución.

Es por ello que ya vienen trasladando esta petición al Gobierno central, que sigue trabajando en la nueva propuesta de desarrollo de la red de transporte de energía eléctrica, y que Gómez confía que esté lista antes del verano. «De no ser así, tendríamos un serio problema», ha advertido.

Dentro del mapa regional Castilla-La Mancha tiene sin construir «la mitad» de los parques fotovoltaicos que ya cuentan con autorización. No obstante, aunque se construyesen todos esos parques fotovoltaicos, la región no tendría capacidad siquiera de evacuar toda esa energía que está autorizada, ha remarcado Gómez.

«Por un lado, no podríamos instalar empresas que son tan importantes para nosotros en materia energética, y tampoco podríamos ofrecer esa energía a otros territorios a nivel nacional para que la pudiesen utilizar», ha argumentado Gómez.

En este punto, ha apelado a que el Estado resuelva la nueva planificación remarcando que la situación representa, «un cuello de botella muy grande».

Aún así, no ve que esta realidad sea una «batalla perdida» y valora que la Secretaría de Estado de Energía y el propio Ministerio de Transición Ecológica están trabajando junto con Red Eléctrica Española para que «lo antes posible» se apruebe esta nueva planificación, la cual se solaparía con la actual. «Se siguen construyendo redes, se siguen construyendo subestaciones, pero no son suficientes».

En relación a un posible acuerdo con el Estado esta legislatura para que Castilla-La Mancha asuma la gestión de los parques nacionales de Las Tablas de Daimiel y Cabañeros, ha señalado que la región no está en disposición de poder gestionarlos por la particularidad y la singularidad de ambos.

En Las Tablas de Daimiel hay «necesidades de los recursos hídricos, que vienen determinados por la Administración General del Estado» y en Cabañeros, «la problemática» se centra en la gestión de ungulados, que se realiza «con convenios con las fincas privadas de alrededor» y en la zona de protección y de influencia del parque por parte del Estado.

«Mientras no se resuelvan alguna de esas cuestiones importantes a nivel nacional, evidentemente no estamos nosotros en condiciones de poder acoger estos parques. Seguiremos colaborando con el Estado en las comisiones mixtas, pero no será potestad de la Comunidad Autónoma su gestión», ha remarcado.