C-LM, convencida de que el modelo de financiación no se aprobará «por injusto, regresivo y vinculado al indepentismo»

TOLEDO 23 Jun. –

El consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital de Castilla-La Mancha, Juan Alfonso Ruiz Molina, se ha mostrado convencido de que el modelo de financiación autonómica propuesto por el Gobierno de España no llegará a tramitación parlamentaria y no contará con apoyo político «porque es un modelo injusto, regresivo, y condicionado por los independentistas catalanes, que quieren más financiación que los demás territorios».

En rueda de prensa ofrecida este martes, el consejero ha informado de que ha dado cuenta al Consejo de Gobierno regional de la reunión bilateral mantenida este lunes con la Secretaría de Estado de Hacienda para abortar el modelo de financiación autonómica propuesto por el Gobierno de España, al tiempo que ha pedido una comparecencia en el Pleno de las Cortes regionales para explicar, «una vez más», el modelo de igualdad propuesto por Castilla-La Mancha y recabar el apoyo de una oposición «que debería presentar propuestas en lugar de críticas exclusivamente», ha dicho en alusión al PP.

Ruiz Molina ha reiterado que en la reunión de este lunes el Gobierno regional ha reiterado su rechazo a la propuesta del Ministerio de Hacienda, «ya que se trata de un modelo injusto y regresivo que trata de satisfacer privilegios para una determinada comunidad autónoma que se convierten en desventajas para Castilla-La Mancha».

Tras reiterar su convencimiento de que el modelo del Gobierno de España no llegará a tramitación parlamentaria, ha recordado que ese postulado está basado en el principio de «ordinalidad», que beneficia a los territorios que acumulan mayor número de habitantes y, por tanto, tienen más recursos.

«Le dije al secretario de Estado que no concebía cómo un gobierno progresista podía defender un postulado de esas características, lo que creo que va en contra de la propia Constitución», ha recalcado Ruiz Molina, quien ha recordado que Castilla-La Mancha «quiere un modelo fundamentado en la igualdad, que proteja a los ciudadanos, con independencia de donde vivan, y que garantice el coste real de la prestación de servicios, en función de la superficie o de la dispersión de la población».

Además, ha lamentado que se tuviera que presentar a la reunión en el Ministerio de Hacienda, tras recibir información «en una hoja de Excel a última hora del jueves» y sin tener datos precisos del conjunto del sistema o de la cuantía podrían recibir las comunidades autónomas; y ha criticado la «ocurrencia» del Ministerio de utilizar el fondo de cooperación interterritorial para «meterlo dentro del sistema y no para reducir las diferencias de renta y de riqueza entre regiones».