Amnistía C-LM valora la modificación de Reglamento de Ley de Policías Locales por incluir contenidos LGTBIQ+

Lo expresa por carta al consejero de Hacienda

Amnistía Internacional Castilla-La Mancha ha celebrado la modificación del Reglamento de la Ley de Coordinación de Policías Locales de Castilla-La Mancha, que incorpora en los temarios de las pruebas de acceso a las diferentes categorías de la Policía Local contenidos específicos sobre igualdad de trato y no discriminación de las personas LGTBIQ+.

Así, ha remitido una carta al consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, en la que reconoce los avances introducidos por el nuevo Reglamento y plantea que estas medidas puedan incorporarse en futuras revisiones de la norma o mediante los protocolos e instrucciones de coordinación que impulse la Consejería.

Esta medida supone «un avance significativo» para garantizar que quienes integren los cuerpos de Policía Local cuenten con una formación acorde con los estándares de derechos humanos y puedan desempeñar sus funciones desde «el respeto a la igualdad, la dignidad y la no discriminación».

Asimismo, según informa este organismo en nota de prensa, «da cumplimiento a lo previsto en la Ley 4/2023, para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI».

La organización considera que una formación adecuada en derechos humanos y diversidad contribuye a prevenir actuaciones discriminatorias, mejorar la atención a las víctimas de delitos de odio y reforzar la confianza de toda la ciudadanía en las instituciones policiales.

El decreto incorpora estos contenidos en los programas de acceso a las distintas categorías de la Policía Local, junto a otras materias como igualdad de género, prevención de riesgos laborales y funciones policiales, «consolidando un enfoque formativo más acorde con las obligaciones de las administraciones públicas en materia de derechos fundamentales».

No obstante, Amnistía Internacional Castilla-La Mancha recuerda que este avance debe formar parte de un compromiso más amplio con la formación en derechos humanos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

INCREMENTAR CARGA LECTIVA

En este sentido, insta al Gobierno de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha a incrementar la carga lectiva específica en derechos humanos durante la formación de ingreso, garantizar que los principios y estándares de derechos humanos estén presentes de forma transversal en todos los temarios y mantener una formación continua a lo largo de toda la carrera profesional.

Esta necesidad se ve reforzada por la evolución de los delitos de odio en Castilla- La Mancha.

Según el último informe del Ministerio del Interior, durante 2025 se registraron 105 delitos de odio en la comunidad autónoma.

De ellos, 40 estuvieron motivados por racismo y xenofobia, 9 por islamofobia y 22 por orientación sexual e identidad de género.

Los delitos relacionados con el racismo, la xenofobia y la islamofobia prácticamente se duplicaron respecto a 2024, al pasar de 25 a 49 hechos conocidos, mientras que los motivados por la orientación sexual e identidad de género aumentaron un 37,5%, consolidándose como el segundo motivo más frecuente de delito de odio en la región.

Asimismo, la organización reclama que los procesos de formación incluyan procedimientos efectivos para asegurar que queden excluidas aquellas personas que manifiesten actitudes o valores contrarios a los derechos humanos, e incorporen las recomendaciones del Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (OBERAXE) para mejorar la prevención de la discriminación, el racismo y los delitos de odio.

Amnistía Internacional Castilla-La Mancha recuerda la necesidad de implantar de manera obligatoria los formularios de parada e identificación en las actuaciones de las policías locales, una herramienta que permite registrar el motivo objetivo de la identificación, su resultado y otros datos relevantes para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas.

La organización considera que estos formularios constituyen una medida eficaz para prevenir los controles policiales basados en perfiles raciales o étnicos, detectar posibles prácticas discriminatorias y reforzar la confianza de la ciudadanía en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Diversas experiencias locales demuestran que esta herramienta puede mejorar la eficacia de las identificaciones policiales al tiempo que reduce el riesgo de actuaciones discriminatorias.

Su implantación forma parte de las demandas respaldadas por más de 400 organizaciones de la sociedad civil y se alinea con las recomendaciones de organismos nacionales e internacionales para combatir el racismo y garantizar el derecho a la igualdad y la no discriminación.