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Publicado 3 Dec 2025 11:02
TOLEDO 3 Dic. –
El Gobierno de Castilla-La Mancha, la Fiscalía Superior de la región y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado integran la mesa técnica de prevención del acoso escolar cuya constitución se ha firmado este miércoles, con el fin de ofrecer una respuesta «más homogénea» de lo que se venía haciendo hasta ahora ante estas situaciones.
Así lo ha confirmado el consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor, tras la rúbrica entre el Gobierno autonómico, y las instituciones implicadas en la prevención, intervención y seguimiento del acoso escolar, donde ha precisado que la necesidad de un protocolo común «aportará más seguridad, más claridad y sobre todo también un lenguaje institucional único».
Según los datos ofrecidos por Amador relativos a 2024, el teléfono de atención 116 111 –de atención a la infancia y la adolescencia, para esta y otras problemáticas y que funciona las 24 horas del día– recibió 257 denuncias de acoso, ante las que se pusieron las medidas oportunas.
El consejero ha pedido no «restar importancia» a los datos sino «hablar y poner el foco en esas situaciones de miedo, de aislamiento, de humillación y de dolor y también de las heridas que no se ven, esas heridas que pueden sufrir los niños y las niñas cuando sufren el acoso».
Así, ha abogado por «poner todas las herramientas en primer lugar para la prevención» y por hacer «más fuertes aún» los protocolos de atención cuando el problema haya dado la cara. «En Castilla-La Mancha no queremos tolerar que ningún niño o niña lleve en solitario» el silencio que acompaña a estas situaciones, sino lograr una «comunicación más fluida y que cada caso sea atendido desde el primer minuto.
«Para nosotros cualquier caso será el caso que tenemos que trabajar y nos permitirá tener una interlocución mucho más fluida con todos los agentes implicados y nuestra obligación es que cada caso sea atendido desde el primer minuto y con el criterio más adecuado, con el criterio uniforme y sostenible».
En este contexto, la idea de constituir esta mesa nace de la necesidad de realizar un «abordaje mayor de las fronteras de cada una de las aulas de los centros educativos» y teniendo como base el protocolo institucionalizado desde 2017 –actualmente todos los centros tienen un Plan de Convivencia e Igualdad y la figura del coordinador de Bienestar y Protección a la Infancia–, conscientes de que es «deber de todos proteger esa responsabilidad común y porque unidos siempre somos más fuertes».
Con esta acción, los implicados quieren poner el acento en que este «no es un problema educativo, es un problema social» y aunque está «muy interiorizado» como «acoso escolar», este «va más allá de lo que puedan ser los espacios de convivencia del centro educativo», ya que se produce también en entornos sociales, en comunidades, en las calles y fuera del horario lectivo.
En el mismo sentido, el Fiscal Superior de Castilla-La Mancha, Emilio Fernández, ha constatado que hay «un fenómeno de desprotección de los menores de edad en muy distintos apartados», uno de los cuales es el acoso escolar, que es una realidad «ante la que hay que actuar y con criterios uniformes» y que muchas veces «es oculta», pese a que tiene «cifras alarmantes».
Ante ello, esta mesa técnica «trata de ser un primer paso» para elaborar posteriormente un convenio, protocolo o acuerdo de actuación a fin de que la Fiscalía y las distintas unidades de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado «lleguen adonde hasta ahora yo creo que en muchas ocasiones no estamos llegando» y que se coordine la actuación de la Policía Nacional y la Guardia Civil.
Ha admitido que la forma de llegar a conocer estas situaciones es difícil pues muchas veces pasan «desapercibidas» y lo que se llega a conocer es el «resultado final», que puede traducirse en autolesiones, suicidio, tentativa de suicidio o cualquier otro acto, pero también que el acoso escolar ha «evolucionado» de un entorno puramente físico como podía ser el patio del centro escolar a serlo 24 horas al día todos los días, a través de las redes sociales.
De ahí que, según el Fiscal General, «para actuar frente al acoso, desde el punto de vista policial, fiscal, judicial, tenemos que conocerlo» y «que se establezca un cauce de comunicación entre las autoridades de Educación y las Fuerzas de Seguridad y la Fiscalía».
«El tapar, ocultar, no dar importancia a estas actuaciones» es, a juicio de Emilio Fernández, «un error absolutamente grave», por lo que ha invitado a «no meter las actuaciones de acoso en un cajón y no darles importancia, porque importancia tienen mucha y hay que evitar que el acosado o acosada –la mayoría son mujeres, ha especificado– sean las víctimas no solo de la situación de acoso sino de la respuesta que desde el entorno administrativo, policial y jurisdiccional, se dé».
Finalmente, ha confiado en que «más pronto que tarde» la mesa técnica que se ha constituido en este acto «dé resultados» y se pueda firmar «rápidamente, en la medida de lo posible», en 2026, «un canal de comunicación independiente del protocolo administrativo que se refiere a la actuación en las aulas».
La mesa técnica de prevención, intervención y seguimiento del acoso escolar se reunirá «las veces que sea necesario» y siempre una vez al semestre para hacer seguimiento de todos los casos, consolidándose como un espacio de trabajo orientado a tener mejores resultados.
En el acto ha participado el subdelegado del Gobierno en la provincia, Carlos Ángel Devia; responsables de la Policía Nacional y la Guardia Civil, directores generales de las consejerías de Educación, Sanidad, Bienestar Social y Administraciones Públicas, representantes de los sindicatos educativos de la educación pública y concertada, entidades del Tercer Sector y otros que trabajan con niños y con el sistema educativo.
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