Bolt denuncia la inmovilización ilegal de sus vehículos VTC en Toledo y exige una regulación clara en C-LM

TOLEDO 20 Oct. –

La plataforma Bolt, tras lo ocurrido en los últimos días en la ciudad de Toledo donde la compañía opera desde el pasado mes de agosto, condena las recientes inmovilizaciones de vehículos con licencia VTC por parte de la Policía Local de la capital regional, una actuación que califica de ilegal, «ya que el Ayuntamiento carece de competencias para limitar este tipo de servicios en trayectos urbanos».

La compañía recuerda en nota de prensa que sus operaciones en Toledo se desarrollan «con total cumplimiento de la legislación vigente» y considera que estas intervenciones suponen «un grave perjuicio» para los ciudadanos, los conductores profesionales y el derecho a una movilidad libre y moderna.

«Esta situación pone de manifiesto, nuevamente, la necesidad de que la región actualice la normativa y establezca reglas claras en beneficio de los ciudadanos y los profesionales del transporte», subraya la plataforma.

«Los ciudadanos y usuarios de Toledo no merecen ser tratados como ciudadanos de tercera. En un contexto en el que la mayoría de los mercados están apostando por la innovación, corresponde a Toledo y Castilla-La Mancha decidir si van a seguir las normas y la jurisprudencia de la Unión Europea o no», explica el director de Bolt en España, Daniel Georges.

Asimismo, desde MOVEA, asociación del sector VTC en España, se anuncia que las multas e inmovilizaciones serán recurridas por vía legal, al no estar amparadas por ninguna normativa aplicable. Además, denuncian «prácticas graves» durante las inspecciones, que podrían tener consecuencias jurídicas.

«Además de las inmovilizaciones que no son conforme a derecho, contamos con pruebas de otras actuaciones ilegales: los agentes obligan a los viajeros a abandonar el vehículo y tomar un taxi, y retiran los teléfonos móviles tanto a conductores como a usuarios sin ningún tipo de consentimiento. Las VTC no descartan emprender acciones legales contra representantes públicos por la comisión de posibles delitos», señalan desde MOVEA.