Azuqueca de Henares se personará como acusación popular en un procedimiento judicial contra un delincuente reincidente

GUADALAJARA 27 Mar. –

Por unanimidad, este jueves, 27 de marzo, el Pleno ha autorizado al alcalde, Miguel Óscar Aparicio, a que, en representación del Ayuntamiento de Azuqueca de Henares, se persone como acusación popular en un procedimiento judicial en curso.

Este procedimiento se dirige «contra una persona detenida por la Guardia Civil en relación a unos hechos delictivos que han generado gran preocupación en la ciudadanía y que consisten en daños y robos en más de 30 vehículos particulares», según ha explicado el concejal de Seguridad Ciudadana, Antonio Expósito, quien ha añadido que la actuación se fundamenta en «la defensa del interés general y de la seguridad ciudadana» ya que estos hechos «han generado un grave perjuicio a los vecinos y alteran la tranquilidad pública».

Con la aprobación de este punto, se autoriza a «los servicios jurídicos del Ayuntamiento a realizar las gestiones necesarias para formalizar la personación en el procedimiento judicial».

«No vamos a permitir este tipo de actos en nuestro municipio y vamos a usar todos los medios a nuestro alcance, junto con el trabajo conjunto de Guardia Civil y Policía Local, para frenar a este tipo de personas que no tiene cabida en Azuqueca», ha explicado Antonio Expósito.

Miguel Ángel Flores, portavoz de Vox, ha detallado que «este sujeto acumula una decena de acusaciones diferentes». «Es una medida estupenda, pero llega tarde porque lleva actuando en Azuqueca desde el año 2022», ha indicado. Asimismo, ha planteado si se ha contactado con la subdelegada del Gobierno en Guadalajara y la delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha para plantear la expulsión de este hombre, según ha informado el ayuntamiento en nota de prensa.

El portavoz del PP, Mane Corral, ha afirmado que es una medida «sensata» para frenar a «este delincuente al que ampara la ley» y ha lamentado que se haya retrasado la incorporación de diez nuevos agentes a la Policía Local de Azuqueca.

Por su parte, la portavoz de IU, María José Pérez, ha insistido en que «es una persona que delinque de manera reincidente, pero, por el tipo de delito, sale a la calle» y ha recordado que «el presupuesto de 2025 contempla las diez nuevas plazas de agentes, que se incorporarán a la plantilla de la Policía Local el próximo año».

El grupo municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento ha presentado una moción de «reprobación por la gestión desleal y perjudicial del exalcalde José Luis Blanco y su equipo de Gobierno hacia los vecinos de Azuqueca de Henares». El texto ha sido aprobado con 10 votos a favor (7 del PP y 3 de Vox), 2 abstenciones de IU y 8 en contra del PSOE.

El acuerdo contempla cinco puntos: reprobar la actuación del exalcalde José Luis Blanco y su Equipo de Gobierno por «su gestión arbitraria, opaca y contraria a los principios de legalidad y buen gobierno», instar al actual equipo de Gobierno a «esclarecer y asumir su responsabilidad por haber sostenido estas prácticas durante los últimos años sin adoptar las medidas correctivas oportunas», «exigir la implementación de mecanismos de control más estrictos que garanticen la legalidad y transparencia en la toma de decisiones municipales conforme a los estipulado en la normativa vigente»; «solicitar a los concejales que formaban parte del anterior Equipo de Gobierno que expliquen públicamente las razones de su inacción ante las prácticas unilaterales del exalcalde y asuman las consecuencias de su pasividad» y, por último, instar a que el Ayuntamiento «estudie y, en su caso, emprenda las acciones legales necesarias para defender los intereses de la corporación y depurar responsabilidades por los perjuicios ocasionados por la gestión de José Luis Blanco y su Equipo de Gobierno».

Mane Corral, portavoz del PP, ha señalado que «se trata de una reprobación al exalcalde y a los concejales de su Equipo de Gobierno por su silencio». «Ante la mala gestión de los recursos públicos, los responsables deberían irse a la calle, pero aquí no pasa nada», ha afirmado, pidiendo «ceses y dimisiones».

Desde Vox, Miguel Ángel Flores, ha expresado su apoyo a la moción y ha apuntado que, en el tema del CAPI (Centro de Acogida de Protección Internacional), «el alcalde y el Equipo de Gobierno se hizo caso omiso a la oposición y a la ciudadanía».

En el debate, la portavoz de IU ha recordado que desde su grupo municipal se ha reprobado a José Luis Blanco «desde la oposición y también desde el Gobierno» y se ha referido a dos temas recogidos en la moción: el CAPI y la sentencia por la eliminación de un complemento salarial de la nómina de dos agentes de la Policía Local.

María José Pérez ha insistido en que en ambos casos «no hay ilegalidad, pero sí irregularidades procedimentales» y se ha referido a la existencia de informes técnicos que avalan las decisiones tomadas. «Con el CAPI, el alcalde, con la firma del decreto, hurtó el debate público en el Pleno, fue una decisión política muy poca acertada, pero no ilegal», ha añadido. Asimismo, ha lamentado que la moción no concreta las peticiones: «se podía haber pedido demisiones».

La portavoz del PSOE, Susana Santiago, ha insistido en que «la venta del CAPI se realizó siguiendo el procedimiento correcto». «Sí hubo una reunión sobre el CAPI con distintos colectivos donde se expusieron distintas opiniones, pero no fueron consideradas y el alcalde tiene potestad para pedir informes y firmar decretos», ha dicho. También ha negado la «grave negligencia en la gestión de los asuntos públicos» y la «falta de transparencia» de la que se habla en la moción y ha pedido que «si hay ilegalidades, se deben denunciar, por supuesto, pero no en el Pleno, dejen de lanzar acusaciones sin pruebas». Además, ha recordado que la oposición acude a las Juntas de Gobierno Local. Susana Santiago también se ha dirigido al grupo municipal de IU: «si no condenan esta moción, la están validando y, en ese caso, ¿por qué se sumaron al Equipo de Gobierno?».

Por otra parte, se ha sometido a votación la resolución de alegaciones y la aprobación de la revisión de precios del contrato de la gestión del servicio de transporte urbano colectivo de viajeros con autobuses. El punto ha contado con el apoyo del Equipo de Gobierno y Vox y la abstención del PP.

En los acuerdos, se establece un coste de vehículo/kilómetro de 3,15 euros para el año 2025. Inicialmente, el Ayuntamiento planteó un precio de 3,10 euros, pero, tras estudiar las tres alegaciones presentadas por la empresa adjudicataria, Maitours S.L., se acepta la tercera, que se refiere a la actualización del 18,03 por ciento del importe del combustible, y la cuantía sube hasta los mencionados 3,15 euros.

En el apartado económico, se ha acordado por unanimidad la aprobación provisional de la modificación de la ordenanza fiscal general de Gestión, Recaudación e Inspección de los tributos y otros ingresos de derecho público locales. Según ha explicado el alcalde, «la modificación responde a criterios técnicos» y afectan a la domiciliación bancaria (se amplía el plazo de antelación para la entrada en vigor de la solicitud) y a los aplazamientos y fraccionamientos (se cambian los tramos de concesión, se adecúan los efectos de la inadmisión y se anticipa la fecha de cargo de los vencimientos de Pago Fácil).

La sesión ordinaria ha comenzado, como es habitual, con un minuto de silencio en señal de condena por las últimas cuatro mujeres asesinadas por violencia machista desde el Pleno de febrero. Asimismo, el alcalde ha justificado la ausencia de David Pinillos, concejal del Equipo de Gobierno, por enfermedad.